El expresidente Martín Vizcarra cumplirá prisión preventiva, tras una decisión del Poder Judicial. El exmandatario enfrenta acusaciones por actos de corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014.
El juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, ordenó cinco meses de prisión preventiva para Martín Vizcarra al concluir que no cuenta con arraigo laboral ni familiar suficiente para asegurar su permanencia en el país y sujeción al proceso.
En un giro inesperado, Vizcarra no solo se enfrentará a un juicio que podría marcar su futuro político, sino que también podría ser recluido en el emblemático Penal de Barbadillo, un centro penitenciario que ha sido hogar de varios expresidentes peruanos acusados de corrupción.
No es la primera vez que un expresidente se ve obligado a pasar tiempo tras las rejas, y el Penal de Barbadillo ha ganado notoriedad por alojar a los exmandatarios más notables de los ultimos 20 años, con algunas excepciones. Este lugar, ubicado en Lima, se ha convertido en un símbolo de la corrupción que ha plagado el país por décadas.
Martín Vizcarra, quien asumió la presidencia en 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, fue catapultado al cargo por su rol como vicepresidente. A pesar de haber llegado al poder con un fuerte discurso de lucha contra la corrupción, su caída fue igual de polémica.
El juicio por corrupción en su contra involucra varios proyectos en Moquegua. Mientras tanto, su presencia en el penal de Barbadillo marca un nuevo capítulo en la historia de los expresidentes peruanos encarcelados por delitos graves
Al ingresar al penal, Vizcarra se unirá a una lista de exmandatarios que han sido recluidos allí. La cuestión ahora es cómo este proceso influirá en su legado político y si logrará evitar una sentencia más dura. Este es solo un nuevo episodio de los escándalos que han marcado la política peruana en las últimas décadas.
Vizcarra, Ollanta y Toledo juntos dentro del mismo penal
El Penal de Barbadillo es, sin lugar a dudas, uno de los lugares más simbólicos de la justicia peruana. Ubicado en el distrito de Ate, en Lima, este centro penitenciario ha sido conocido por albergar a varios expresidentes.
Originalmente destinado para reclusión temporal, Barbadillo ha sido transformado con el paso de los años en el sitio donde muchos exmandatarios enfrentan las consecuencias de sus actos de corrupción.
El primero en ser recluido allí fue Alberto Fujimori, quien, después de ser condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción, pasó varios años en Barbadillo desde su detención en 2007. Fujimori, que gobernó Perú entre 1990 y 2000, estuvo en el penal hasta 2023, cuando fue liberado por un indulto humanitario que, más tarde, fue revocado.
El siguiente expresidente en ocupar una celda en Barbadillo fue Ollanta Humala, quien, después de ser condenado por lavado de activos debido a los sobornos recibidos de Odebrecht, fue enviado al penal en 2025.
Otro expresidente de peso que ha pasado por las puertas de Barbadillo es Alejandro Toledo, quien fue extraditado de Estados Unidos en 2023 para enfrentar cargos de colusión y lavado de activos relacionados con el caso Lava Jato.
Además, el exmandatario Pedro Castillo, también se encuentra en Barbadillo desde diciembre de 2022, tras intentar un golpe de Estado fallido. Así, el penal de Barbadillo se ha convertido en una especie de “cárcel VIP” para quienes alguna vez ostentaron el cargo más alto de la política peruana.
Vizcarra, otro expresidente manchado por la corrupción
El caso de Martín Vizcarra, aunque con diferencias, no es menos grave que los de otros expresidentes. El exgobernante enfrenta un juicio por presuntos actos de corrupción ocurridos durante su tiempo como gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014.
Los proyectos que están en el centro de la acusación son el Hospital Regional de Moquegua y el proyecto de irrigación Lomas de Ilo, ambos considerados claves en su gestión como gobernador.
La Fiscalía lo ha acusado de recibir sobornos por un total de S/2.3 millones, a cambio de otorgar contratos públicos. Los cargos en su contra incluyen cohecho pasivo propio, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir. La pena solicitada por la Fiscalía es de 15 años de prisión efectiva, una sentencia que podría tener efectos devastadores en la carrera de Vizcarra.
El juicio de Vizcarra comenzó oficialmente en octubre de 2024, y a lo largo de 2025 se han realizado diversas audiencias. Testigos como Elard Paul Tejeda, exgerente de la empresa Obrainsa, han declarado que Vizcarra recibió pagos indebidos a cambio de contratos para las obras de Lomas de Ilo.
Sin embargo, el exmandatario ha negado todas las acusaciones, argumentando que los pagos fueron “honorarios por servicios” y no sobornos. Además, ha solicitado la nulidad del proceso, alegando irregularidades en la etapa de control de acusación.
El juicio se llevó a cabo en el Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, presidido por la jueza Fernanda Ayasta. Se espera que el proceso continúe hasta mediados de 2025, con una sentencia que podría cambiar el curso de la historia política de Vizcarra.
Mientras tanto, el expresidente, ahora recluido en el Penal de Barbadillo, enfrenta el mayor reto de su vida: limpiar su nombre o afrontar las duras consecuencias legales de sus presuntos actos de corrupción.
