¿Serpost se privatiza? MTC cuestiona rol del FONAFE al mando del servicio postal y busca aprovechar auge de Temu, Aliexpress y Amazon

El Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso, con calidad de “urgente”, el proyecto de ley 12035/2025-PE, cuyo eje central es la reforma de la empresa estatal de derecho privado Servicios Postales del Perú S.A. (Serpost), adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el operador público del sistema postal peruano.

Esta iniciativa, que nace de la necesidad de rescatar a la empresa ante el deterioro operativo y financiero que enfrenta, persigue dos objetivos principales: rescatar a la empresa de una inevitable quiebra, ante la escasa “ayuda” del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) en la administración de sus ingresos, y aprovechar el creciente comercio internacional a través de plataformas como Amazon, Aliexpress, Shein y TEMU.

Actualmente, el mercado postal peruano está fragmentado, con más de 500 empresas habilitadas y una cobertura pública que no deja de reducirse, según la propia Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones. En este escenario, Serpost se encuentra en una situación crítica: su presencia, en los últimos años, ha ido en picada, y más de 1.600 distritos no cuentan con oficinas, lo que deja a 15,6 millones de peruanos fuera del acceso al Servicio Postal Universal (SPU), un servicio escencial como los brindados por Petroperú o el Banco de la Nación.

A esto se suma una caída drástica en el tráfico nacional, que pasó de 17 millones de envíos en 2014 a solo 1,3 millones en 2024, tornando a Serpost en un operador dependiente del tráfico internacional, el cual representa el 88% de su volumen y el 75% de sus ingresos. Esta dependencia extrema ha agravado problemas de liquidez debido al desfase entre servicio y pago en las compensaciones internacionales.

“El modelo de gestión del FONAFE no ha sido de ayuda, debido a que, no ha permitido, por ejemplo, reinvertir los excedentes generados en su operación, sino que los pocos excedentes alcanzados año a año son distribuidos en calidad de dividendos en favor del accionista impidiendo invertir en la mejora de la operación, llevando a la empresa a un deterioro cada vez mayor y a su endeudamiento, a pesar de contar con excedentes que, en cualquier empresa, se habrían reinvertido”, señala el MTC.

Serpost opera como empresa estatal bajo una concesión sin exclusividad para el servicio postal a nivel nacional. Su financiamiento depende de los ingresos generados por sus operaciones y no del presupuesto público, lo que le trae problemas: el pago por la distribución de envíos internacionales, regulado por la Unión Postal Universal (UPU), puede demorar hasta 15 meses, lo que afecta su liquidez y provoca la “descapitalización cíclica” de la empresa.

Ante esta realidad, la empresa busca proteger su canal de distribución y mantener su cuota en paquetería liviana -que constituye hoy el grueso de sus operaciones-, además de atraer nuevos socios estratégicos. Sin embargo, reconoce que el límite en su “capacidad operativa” alcanzó su punto máximo en 2024, lo que restringe su posibilidad de expansión.

Ante este escenario, la reforma del MTC busca blindar a Serpost frente al FONAFE, que recibe parte de los ingresos provenientes del tráfico postal internacional y los redistribuye como utilidades sin priorizar la reinversión en la mejora operativa y logística. Esto impide actualizar infraestructura, incorporar tecnología o expandir la cobertura, lo que detenía cualquier posibilidad de recuperación.

El proyecto no implica una privatización. Su meta es asegurar que Serpost salga del estancamiento, dotándolo de recursos propios y autonomía financiera. Se plantea una reforma estructural para que puedan atender a toda la población, en particular las áreas menos atendidas, ser un actor clave en el desarrollo del comercio electrónico y brindar un SPU accesible y de calidad, en un contexto donde el modelo ya no resulta rentable.

La propuesta también busca fortalecer a las mipymes peruanas y facilitar sus envíos en el comercio electrónico. Al posicionar a Serpost como socio confiable, MTC apunta a aumentar la confianza del consumidor en las ventas online de pequeñas empresas y facilitar alianzas estratégicas con grandes marketplaces internacionales como Amazon y Alibaba, que aún no operan directamente en el país.

Además, la nueva ley habilita la “compartición de infraestructura de la red postal pública”, a fin de que otros operadores postales -como DHL, FedEx, UPS, Olva Courier y Shalom- la puedan utilizar, en condiciones de mercado, “para su propio beneficio”. Esta medida permitiría que operadores privados utilicen la red existente, lo que puede reducir costos y favorecer la prestación de servicios en zonas rurales o mercados poco rentables.

Serpost cubre actualmente al 54,3% de la población peruana, con una mayor presencia en zonas urbanas (60,5%) y limitada cobertura rural (23,1%). La reforma plantea incrementar la cobertura para alcanzar al 80% de la población en 10 años, beneficiando al 79,1% en zonas urbanas y al 84% en rurales, lo que permitiría una cobertura geográfica del 71,3%. Se proyecta abrir 1.126 nuevos puntos de atención en 1.110 distritos, impactando a 8,7 millones de habitantes. La inversión total estimada es de S/11,6 millones y la mayoría de los nuevos puntos serían operados por representantes postales.

En contraste, la red postal privada opera en solo el 17% de los distritos del país, con 1.434 puntos de atención que priorizan áreas urbanas y regiones económicamente más activas como Lima Metropolitana, La Libertad, Junín, Arequipa, San Martín y Piura, mientras que la presencia es muy baja en regiones como Madre de Dios, Tumbes, Moquegua, Tacna y Huancavelica. Alcanzan una cobertura poblacional total del 70,3%, pero solo 30,3% en zonas rurales, debido a que, sin la obligación de prestar el SPU, los privados suelen abandonar mercados no rentables y enfocarse en corporativos.

De acuerdo al documento del MTC, en 2022, Serpost entregó el 85% de los envíos internacionales en Lima Metropolitana en hasta 5 días y en zonas urbanas de provincias en hasta 9 días, mejorando un día estos plazos respecto a 2021. No obstante, en zonas rurales de provincias, el tiempo de entrega se amplió a 17 días para el 85% de los envíos, un retroceso significativo frente a los 6 días registrados el año anterior. La mejora general en áreas urbanas respondió, principalmente, a un menor volumen de envíos procesados.

El estándar internacional de la UPU exige que el 85% de los envíos sean entregados en un máximo de 5 días hábiles. Solo Lima Metropolitana cumplió este requisito en 2022, mientras que en provincias urbanas y rurales los plazos siguen muy por encima de la recomendación mínima, especialmente en las zonas rurales. Esto refleja que, pese a algunos avances, Serpost no alcanza aún la calidad de servicio postal esperada para todo el país.

Según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), el mercado peruano de comercio electrónico creció de US$427 millones en 2010 a US$13.000 millones en 2023. El sector experimentó su mayor expansión en 2014 y, tras un periodo de desaceleración, la pandemia trajo un nuevo impulso con crecimientos anuales superiores al 30% entre 2020 y 2022. En 2023, aunque el ritmo disminuyó, el volumen de ventas alcanzó un nuevo récord. En paralelo, el número de comercios electrónicos se quintuplicó entre 2019 y 2023, llegando a 332.000 empresas, pero solo el 8% cuenta con tienda virtual propia. La penetración de compradores en línea creció significativamente, pasando del 18,6% al 50% de la población en apenas cuatro años.

¿Este creciente comercio minorista internacional será el salvavidas de Serpost? Lo cierto es que, según los datos, la mayoría de comercios electrónicos sigue concentrada en Lima y Callao, aunque la presencia en provincias ha aumentado. Marketplaces internacionales como Amazon, Aliexpress, Shein y TEMU dominan las compras transfronterizas, y el 58% de los productos importados por ecommerce en 2023 provinieron de China. Para el Gobierno, este contexto abre oportunidades para expandir el comercio electrónico en regiones del país y fortalecer la red postal pública, operada por el Estado.