Un nuevo operativo antidrogas ejecutado por la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió erradicar más de 12 toneladas de marihuana en una zona remota de la región La Libertad, específicamente en el distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión. La intervención, llevada a cabo entre el 17 y el 21 de julio, fue liderada por la Dirección Antidrogas (Dirandro) y se desarrolló en terrenos de difícil acceso a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en los sectores de Sandia y Sauce, pertenecientes al centro poblado Portachuelo.
La operación forma parte del trabajo articulado de la División de Maniobras Contra el Tráfico Ilícito de Drogas Huallaga (DIVMCTID-Huallaga), en coordinación con la DEPOTAD Huánuco, y se realizó mediante patrullajes terrestres prolongados, que exigieron más de seis horas de marcha por zonas montañosas y agrestes. Todo el material ilegal fue destruido in situ, evitando así su traslado hacia mercados nacionales o internacionales.
Más de 10 hectáreas de cultivos ilícitos y cinco laboratorios destruidos
De acuerdo con información oficial, durante la intervención se erradicaron un total de 10,5 hectáreas de cultivos ilegales de cannabis, lo que representa alrededor de 12.373 kilos de marihuana aún en planta. La totalidad de esta droga fue incinerada en el lugar, como parte del protocolo de destrucción inmediata que busca cortar la cadena de producción desde su origen.
Pero el operativo no solo se centró en los sembríos. También se logró incautar 877,9 kilos de marihuana seca, distribuida en 77 costales, lista para ser transportada y comercializada. Además, se procedió a la destrucción de cinco instalaciones rústicas que funcionaban como centros de procesamiento y almacenamiento de estupefacientes. Estas estructuras, camufladas entre la vegetación y alejadas de vías de acceso, eran clave para el procesamiento clandestino de la droga.
Según estimaciones de las autoridades, el impacto económico de esta intervención supera los 610 mil soles, al afectar simultáneamente las fases de producción, acopio y preparación para la distribución. Este tipo de acciones forma parte de una estrategia más amplia del Estado para debilitar las estructuras logísticas del tráfico ilícito de drogas en zonas rurales del país, especialmente en regiones donde se ha detectado un incremento sostenido de estas parcelas.
Cultivos ilegales arrasan zonas protegidas y amenazan ecosistemas únicos
El narcotráfico avanza sobre áreas clave de conservación pese a los esfuerzos estatales. En el Parque Nacional Bahuaja Sonene, ubicado entre Madre de Dios y Puno, el 80 % de las plantaciones de coca registradas dentro de seis Áreas Naturales Protegidas (ANP) se concentran allí. Si se incluye su zona de amortiguamiento, la cifra total alcanza 5.908 hectáreas afectadas, gran parte de ellas en el distrito puneño de San Pedro de Putina Punco, que por sí solo alberga 4.339 hectáreas en la zona adyacente al parque y otras 264 dentro del área protegida.
En el Parque Nacional Cordillera Azul, que abarca regiones como Ucayali, San Martín, Loreto y Huánuco, el cultivo ilegal se ha disparado en su zona de amortiguamiento. En 2020 se reportaron 947 hectáreas, pero en 2024 la cifra subió a 2.916 hectáreas, lo que representa un incremento del 208 % en solo cinco años. Esta expansión está especialmente concentrada en los distritos de Vargas Guerra, Huimbayoc, Curimaná y Padre Abad, que juntos suman más de dos tercios de las áreas afectadas.
La tendencia también se observa en el Parque Nacional del Manu, entre Cusco y Madre de Dios. Allí, la zona de amortiguamiento registró 1.004 hectáreas de coca en 2024, una cifra elevada frente a las 761 hectáreas del año 2020, a pesar de una leve baja respecto a 2023. Lo mismo ocurre en las reservas comunales Asháninka y El Sira. En la primera, los cultivos crecieron un 169 % en cuatro años, con foco en el distrito de Río Tambo (Junín); mientras que en El Sira se reportaron 913 hectáreas, con reducciones parciales compensadas por aumentos locales.
