El Congreso acelera de manera inusitada el trámite de la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y los fiscales supremos Zoraida Avalos, Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena por la fallida reposición de Patricia Benavides.
La Comisión Permanente otorgó 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que haga la investigación parlamentaria contra los fiscales supremos por supuesta infracción a la Constitución y la presunta comisión del delito de resistencia o desobediencia a la autoridad.
La presidencia de la Subcomisión, que hasta esta legislatura estuvo a cargo de la apepista María Acuña, deberá designar al congresista delegado para que lleve a cabo la investigación. Este mismo deberá redactar el informe final en el que proponga si corresponde levantar el antejuicio para que sean procesados penalmente, así como si corresponde imponerles una sanción política.
La denuncia constitucional fue presentada el 19 de junio, días después de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) anulara la destitución de Patricia Benavides y ordenara su reposición como fiscal de la Nación. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales priorizó la denuncia y declaró procedente el 10 de julio. En esa misma sesión, rechazó iniciar una investigación parlamentaria contra los miembros de la JNJ que firmaron el regreso de Patricia Benavides, pese a que el caso estaba judicializado y no se contaba con la unanimidad de los consejeros.
El caso
En junio de 2025, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió la Resolución N° 231-2025-JNJ, anulando la destitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, ordenando su reposición inmediata. La decisión, cuestionada por irregularidades y falta de unanimidad, generó controversia al intentar imponer a Benavides sobre Delia Espinoza, elegida por la Junta de Fiscales Supremos. La JNJ, presidida por Gino Ríos, amenazó con usar la fuerza pública para ejecutar la resolución, alegando desobediencia de Espinoza.
El 16 de junio, Benavides intentó tomar el control del Ministerio Público, ingresando al noveno piso sin autorización, acompañada de seguridad privada y policías. Este acto fue denunciado por Delia Espinoza como un “golpe a la democracia” y un intento de usurpación de funciones. Tras cuatro horas de tensión, Benavides se retiró sin lograr su objetivo. La titular del Ministerio Público, junto a otros fiscales, realizó una vigilia para resguardar la institución.
El 25 de junio, el Poder Judicial, a solicitud de Delia Espinoza, suspendió a Benavides por 24 meses como fiscal suprema y de la Nación, en el marco de investigaciones por presuntos delitos de cohecho, abuso de autoridad y encubrimiento ligados al caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. El juez supremo de investigación preparatoria Segismundo León fundamentó que su retorno podría afectar el manejo de la función fiscal.
Luego de esta decisión, la defensa de Patricia Benavides presentó un habeas corpus para anular su suspensión y apartar a Espinoza de las investigaciones en su contra, argumentando parcialidad y vulneración al debido proceso. El 27 de junio, el Poder Judicial admitió el recurso, pero el 20 de julio lo declaró improcedente, manteniendo la suspensión.
