El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha sido denunciado penalmente ante la Fiscalía por los contratos por más de 97 millones de soles que ha suscrito la Municipalidad de Lima con el estudio de abogados Boies Schiller Flexner, firma estadounidense que integra desde setiembre de 2023 su amigo Martín de Luca.
La denuncia, dada a conocer por el periodista Angel Páez de La República, fue presentada por el estudio Arbizu & Gamarra de los exprocuradores Julio arbizo y Ronald Gamarra. Acusan a López Aliaga de presuntamente haber cometido los delitos de colusión y negociación incompatible.
“El alcalde López Aliaga ha reconocido públicamente su amistad con Martín De Luca, abogado de origen argentino y socio del estudio Boies Schiller Flexner. Esta relación personal se hizo evidente al coincidir en la investidura presidencial de Donald Trump el 20 de enero de 2025. Poco después de este encuentro, el 6 y 13 de marzo de 2025, se suscribieron dos contratos adicionales con el mencionado bufete por un monto de US$10.8 millones.”, denunció el estudio.
De acuerdo con la denuncia, esta situación –reunión en Estados Unidos y posterior celebración de contratos– revelan una “proximidad personal indebida” que podría haber influenciado en la elección del estudio Boies Schiller Flexner para que represente a la MML en los tribunales norteamericanos, donde solo ha acumulado derrota tras derrota.
También se cuestiona el hecho de que los procedimientos para la contratación no hayan sido transparentados en su totalidad o, en el peor de los casos, hayan sido declarados como “reservados”. Otro punto señalado en la denuncia es que la gestión de Rafael López Aliaga siguió contratando al estudio de Martín de Luca después de que fracasara en primera instancia la demanda para anular dos arbitrajes a favor de Rutas de Lima.
“Pese a estos resultados negativos y el evidente perjuicio económico para la MML, el alcalde continuó autorizando millonarios desembolsos a favor del mismo estudio legal. El conjunto decontrataciones se realizó de manera directa, reiterada, sin competencia efectiva, sin control transparente, y con una evidente cercanía personal entre el proveedor legal y el alcalde contratante”, denunció el estudio Arbizu & Gamarra.
MML despide a su anterior estudio
La administración del alcalde Rafael López Aliaga terminó la relación contractual con el estudio de abogados estadounidense Foley Hoag LLP, al que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) pagó más de 9 millones de dólares entre 2019 y 2024 por servicios legales.
El estudio Foley Hoag LLP representó a la MML en dos arbitrajes perdidos contra la concesionaria Rutas de Lima y en acciones legales posteriores en tribunales de Estados Unidos para intentar anular los laudos arbitrales que obligan a la comuna a pagar aproximadamente 200 millones de dólares. Según el expediente judicial revisado por Infobae, los abogados de Foley Hoag LLP fueron retirados en de mayo de 2025.
Infobae, al revisar la base de datos de contrataciones del Estado, identificó cuatro contratos suscritos con Foley Hoag LLP. Tres de ellos se firmaron durante la gestión del exalcalde Jorge Muñoz, y uno bajo la administración de López Aliaga:
- Primer contrato (marzo de 2019): La MML pagó 2,684,500 dólares para que Foley Hoag LLP la representara en el primer arbitraje contra Rutas de Lima, el cual perdió.
- Segundo contrato (marzo de 2019): Otros 2,684,500 dólares se destinaron para la representación en un arbitraje contra Línea Amarilla, también perdido.
- Tercer contrato (marzo de 2020): La MML contrató a la firma por 2,107,142.86 dólares para el segundo arbitraje contra Rutas de Lima, con resultado desfavorable.
- Cuarto contrato (enero de 2024): La MML pagó 1,666,666.67 dólares para que Foley Hoag LLP intentara evitar la ejecución de los laudos que ordenaban pagar más de 200 millones de dólares a Rutas de Lima. Este contrato fue resuelto en noviembre de 2024 tras detectarse un presunto conflicto de interés por parte de la firma.
Exigen investigación a fondo
El estudio de abogados, encabezado por los exprocuradores Julio Arbizu y Ronald Gamarra, acudió a la red social X para exigir que el Ministerio Público lleve a cabo indagaciones que permitan esclarecer la legitimidad de estos acuerdos millonarios autorizados por Rafael López Aliaga y determinar responsabilidades eventuales entre funcionarios involucrados.
De acuerdo con el pronunciamiento, el Estudio Arbizu & Gamarra enfatizó la necesidad de una labor “seria, autónoma y a fondo” en torno a la legalidad de las acciones señaladas, tras hacerse efectiva la notificación del Ministerio Público. En sus declaraciones, la firma sostuvo que la estrategia legal presentada ante la opinión pública como defensa de los intereses municipales podría tener otras implicancias jurídicas, aludiendo a “posibles delitos de colusión y negociación incompatible”.
López Aliaga es uno de los favoritos
La más reciente encuesta nacional de Ipsos reveló que el 50% de los peruanos aún no ha decidido a quién respaldará en las elecciones presidenciales de 2026, cuando faltan menos de nueve meses para la cita electoral. Según difundió el diario Perú21, el escenario muestra dispersión y ausencia de liderazgos sólidos, con ningún candidato superando la barrera del 10% de preferencias.
Keiko Fujimori, representante de Fuerza Popular, encabeza la lista de intención de voto con un 9%. Le sigue Rafael López Aliaga de Renovación Popular, quien obtuvo un 7%. En tercer lugar figura Carlos Álvarez del partido País para Todos con un 6%, de acuerdo con lo consignado por Perú21. Más abajo en la tabla de preferencias aparecen Phillip Butters de Avanza País con un 2%, junto a otros candidatos que igualan ese porcentaje, como Arturo Fernández (Un Camino Diferente), Alfredo Barnechea (Acción Popular), Alfonso López Chau (Ahora Nación), César Acuña (Alianza para el Progreso), Yonhy Lescano (Cooperación Popular), y Rafael Belaúnde (Libertad Popular).
El reporte de Ipsos indica que un 37% de los entrevistados afirmó que votaría en blanco, anularía su voto o no se inclinaría por ninguno de los aspirantes propuestos, mientras que otro 13% manifestó no tener aún una preferencia definida. Esta cifra, sumada al alto porcentaje de indecisos, pone de manifiesto la incertidumbre del electorado frente al proceso político venidero y la carencia de figuras que conciten consensos mayoritarios.
