La situación de un hombre de 52 años detenido desde hace más de cien días revela serias deficiencias en el sistema de traslados de personas con órdenes judiciales. El caso, junto al de otros dos jóvenes que esperan conocer su situación jurídica, ha encendido la alerta de la Defensoría del Pueblo, que denuncia la vulneración de derechos fundamentales por la excesiva dilación y exhorta a la Policía Nacional del Perú (PNP) a actuar con urgencia.
El 26 de marzo fue la fecha en la que el ciudadano de 52 años fue detenido en Loreto, cumpliendo una orden de captura emitida por un juzgado de Huánuco. Desde entonces permanece en la carceleta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, a la espera de su traslado para ser puesto a disposición de la autoridad judicial competente, pese a que el plazo máximo de detención es de 48 horas. Han pasado más de cien días y su situación no ha cambiado, convirtiéndose en el caso más prolongado conocido en la zona. La Defensoría también expone los casos de dos jóvenes de 24 y 27 años, detenidos desde mayo, cuyos traslados a Pucallpa y Chiclayo, respectivamente, tampoco se han concretado, manteniéndolos retenidos durante más de dos meses.
Abel Chiroque, jefe de la Oficina Defensorial de Loreto, expresó su preocupación por las graves consecuencias de estas demoras. Subrayó que la retención de individuos más allá del plazo legal máximo atenta contra el derecho a la libertad personal y constituye una violación de derechos fundamentales. “El incumplimiento de estos plazos genera responsabilidades y se agrava cuando existe omisión administrativa en la asignación de recursos para ejecutar los traslados”, resaltó. El funcionario recordó que la obligación de poner a los detenidos inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales responde a la protección de sus garantías constitucionales y legales.
El problema radica, según la Defensoría del Pueblo, en los procedimientos administrativos dentro de la Policía Nacional, especialmente en la aprobación y ejecución de los planes operativos y en la asignación de pasajes y viáticos para que los efectivos puedan realizar los traslados. A pesar de la urgencia de los casos, las autorizaciones y recursos no se asignaron de manera oportuna, prolongando la detención sin que medie resolución judicial de fondo.
Chiroque explicó que, como resultado de otra intervención defensorial, el pasado 7 de julio se logró el traslado a la ciudad de Pucallpa de un adolescente de 14 años tras haber permanecido más de dos meses detenido en la carceleta. Sin embargo, la situación de los otros detenidos sigue sin resolverse. Las demoras persisten en los trámites de la oficina de Planeamiento Operativo, la División de Inteligencia Regional y la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN), todas instancias de la PNP con sedes en Loreto y Lima encargadas de ejecutar los traslados.
Al respecto, el abogado Diego Arteaga, del estudio Arteaga & Asociados, señaló a Infobae Perú que la libertad personal es un derecho fundamental y su restricción está estrictamente limitada a las 48 horas en flagrancia.
“Solo en caso de detención preliminar puede ser de 72 horas a 15 días. Toda privación fuera de estos parámetros es arbitraria e ilegal, minando el Estado de Derecho. La vía expedita para restaurar la libertad es el hábeas corpus ante el Poder Judicial, que ordena la liberación inmediata”, manifestó.
Asimismo, dijo que, adicionalmente, se pueden iniciar acciones por abuso de autoridad contra los funcionarios involucrados, así como denuncias funcionales ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú.
