El Poder Judicial rechazó el pedido del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, para suspender por un año la recaudación de los peajes de Línea Amarilla y que se nombre a la Municipalidad de Lima como administrador de las casetas. Esto en el marco de la investigación contra la exalcaldesa Susana Villarán por lavado de activos.
El Ministerio Público solicitó la suspensión temporal de los peajes, alegando que estos estaban vinculados a presuntos actos de corrupción relacionados con ajustes tarifarios y acuerdos ilícitos con funcionarios de la MML durante la gestión de Villarán.
Sin embargo, Chávez Tamariz desestimó el pedido porque considera que “los elementos de convicción no sólo están débilmente planteados, sino que carecen de un desarrollo explicativo claro y detallado de una conducta delictiva subyacente”.
El juez también destacó que la suspensión de las operaciones de Lima Expresa sería desproporcional. Chávez Tamariz argumentó que las medidas preventivas deben cumplir con los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, tal como exige el Código Penal.
Juez se defiende
En su resolución, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz también justifica la demora en resolver el pedido, pese a que la audiencia se llevó a cabo en diciembre de 2024.
Al respecto, el magistrado sostuvo que, primero, las posterior presentación de documentos por parte de ambos lados (Fiscalía y Lima Expresa) “han generado dilación porque por jurisprudencia no es posible resolver sino se emplaza a la contraparte lo novedosamente surgido”.
Sumado a ello, el juez recordó que, además de los procesos contra Susana Villarán, su juzgado tiene a cargo otros casos emblemáticos de criminalidad organizada como Los Cuellos Blancos del Puerto, el caso Pedro Pablo Kuczynski, caso Edwin Oviedo, el caso del expremier César Villanueva, el caso Árbitros de Odebrecht, Los Dinámicos del Centro, el caso Martín Vizcarra, entre otros.
Esto en aparente respuesta a la denuncia que interpuso el alcalde Rafael López Aliaga contra el juez Chávez Tamariz ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público.
Suspensión quebraría a Lima Expresa
Uno de los argumentos de Lima Expresa para exigir al PJ no conceder la medida es que, afirma, la suspensión “supondría hacer quebrar” la empresa.
“Un motivo por el cual la medida preventiva debe ser desestimada radica en que resulta totalmente desproporcional, pues su aplicación supondría hacer quebrar a Limex, dado que la Fiscalía está pidiendo que la empresa se quede un año entero sin cobrar su principal y única fuente de ingresos, que es la recaudación de los peajes de la concesión del proyecto Línea Amarilla”, alegó la empresa.
Lima Expresa sostiene que no solo se perjudicarían los ingresos de la empresa, sino también de los 627 trabajadores, los acreedores y el “propio fisco peruano que se quedará sin percibir el IGV que la empresa retenía de los usuarios y luego le entregaba al Estado Peruano”.
Y agregó: “Para comenzar, no existe ninguna empresa que pueda sobrevivir durante un año sin realizar actividades comerciales, pagando personal y cumpliendo con las obligaciones económicas frente a sus acreedores”.
