La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, hizo uso de la palabra en la audiencia de hoy 10 de julio donde se declaró fundado el pedido de impedimento de salida del país en su contra, en el proceso que se le sigue por los aportes de Odebrecht y OAS a sus campañas municipales.
Según dijo Villarán, acepta el requerimiento del fiscal José Domingo Pérez para que se le impida la salida del país por 36 meses ya que, asegura, no planea huir del juicio oral que iniciará el 23 de setiembre próximo.
“No he tenido ese interés (de salir del país). Ni voy a huir ni nada. Si analizan los controles que se me han hecho, tanto los físicos como los virtuales en el GPS, prácticamente estoy en mi domicilio legal todo el tiempo”, dijo Villarán de la Puente.
Asimismo, la exalcaldesa de Lima aseveró que no planeaba intervenir en la audiencia; sin embargo, decidió solicitar el uso de la palabra tras mencionarse la muerte de su exgerente municipal José Miguel Castro como uno de los motivos por los que debe también restringírsele la comunicación con los imputados y “órganos de prueba”.
“Están diciendo que yo no debo comunicarme con los órganos de prueba porque hay una persona que ha fallecido en este proceso, una persona que yo he conocido y he trabajado con ella y cuya muerte ha sumido en el dolor a una familia entera y a mí también. Que deslicen que yo constituya un riesgo. ¿Por qué no lo dicen claramente?“, reclamó Susana Villarán.
Dictan impedimento contra Susana Villarán
El juez Jorge Luis Chávez Tamariz, titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ordenó una medida de impedimento de salida del país por 36 meses contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en el marco del proceso penal por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita. Estos cargos están relacionados con los aportes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS a las campañas del No a la revocatoria de 2013 y el intento de reelección de Villarán en 2014.
El fallo, emitido tras la solicitud del fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, busca garantizar la presencia de Villarán en el juicio oral que iniciará el 23 de septiembre de 2025. El juez dispuso que se notifique a la Superintendencia Nacional de Migraciones para hacer efectiva esta restricción, asegurando que la exalcaldesa permanezca en el país durante lo que resta del proceso judicial.
Por otro lado, Chávez Tamariz rechazó la solicitud del fiscal Pérez de prohibir a Villarán contactar a coacusados, testigos, peritos u otros “órganos de prueba”. El magistrado argumentó que, según la Ley 32130, que establece plazos para las medidas de comparecencia con restricciones, las reglas de conducta impuestas a Villarán en julio de 2022 ya habían caducado. En consecuencia, señaló que cualquier nueva restricción de este tipo debería tramitarse mediante un pedido de variación de la comparecencia simple, conforme a los procedimientos legales correspondientes.
La Fiscalía pide 29 años de prisión contra Susana Villarán por los presuntos hechos de corrupción durante su gestión en la Municipalidad de Lima.
