San Martín de Porres amaneció marcado por la violencia este jueves 12 de junio. En la urbanización Filadelfia, a solo unas cuadras de la transitada avenida Canta Callao, una ráfaga de balas perforó la madrugada el silencio y los vidrios de varias custers estacionadas en la vía pública. El ataque—aún sin responsables identificados—reavivó el temor de vecinos y conductores, y dejó a la vista la creciente amenaza de la extorsión que azota al transporte público en Perú.
La balacera impactó a dos vehículos utilizados en el servicio de transporte colectivo. Según el reporte recogido en el lugar, se contaron al menos seis disparos efectuados desde una motocicleta que pasó a gran velocidad junto al paradero improvisado. Los impactos destrozaron lunas y parabrisas, dejando huellas visibles desde la parte trasera hasta la cabina del conductor; la potencia de los tiros atravesó estructura y cristales, incluso cruzando el interior de una de las unidades y saliendo por la luna posterior.
Los vecinos reaccionaron con pánico, apenas señalaron con reserva a Buenos Días Perú el sitio exacto del ataque, temerosos de represalias. El clima de intimidación es tan evidente que la mayoría prefiere guardar silencio y refugiarse en sus viviendas. La policía, al cierre de este reporte, aún no había delimitado la escena para el peritaje, hecho que resalta la escasa presencia del Estado y el descontrol en zonas críticas del distrito.
La escena no corresponde a una cochera autorizada ni a un patio de maniobras. Las custers, de la otrora línea Orión (hoy llamada Rex), se encuentran estacionadas en plena vía pública, junto a un parque usualmente frecuentado por niños. Algunos vehículos ni siquiera exhiben señales identificatorias de formalidad, lo que apunta a la coexistencia—y en ocasiones la superposición—del transporte formal e informal. Este tipo de ataques suele interpretarse como un mensaje mafioso: una advertencia para forzar pagos extorsivos a los propietarios y conductores.
La escalada de extorsión
La extorsión a empresas de transporte, tanto formales como informales, ha experimentado un repunte alarmante desde comienzos de año. Organizaciones criminales, muchas de ellas asociadas a bandas de extorsionadores que operan a bordo de motos de alta cilindrada, han diversificado sus métodos: desde amenazas directas hasta ataques armados y quema de vehículos.
Registros de la Policía Nacional del Perú (PNP) indican que los casos de amenazas a transportistas—principalmente a los que cubren rutas interzonales en Lima—se han duplicado respecto al mismo periodo del año anterior. Los hechos más graves incluyen ataques armados en patios y paraderos, mensajes extorsivos mediante llamadas o notas anónimas, e incendios provocados, muchas veces en complicidad con bandas que operan otras actividades delictivas en la zona.
Según fuentes cercanas al sector, el monto de los pagos exigidos oscila entre 500 y 3000 soles semanales, dependiendo del tamaño de la flota y el “riesgo” que las organizaciones criminales consideran en cada operación.
Las autoridades, hasta ahora, han logrado muy pocos avances concretos frente al avance de las mafias. Aunque la PNP lanzó, en mayo pasado, un operativo especial en Lima Norte y Callao, los ataques no solo no han disminuido, sino que, como el ocurrido esta madrugada en San Martín de Porres, se han vuelto más audaces.
El temor paraliza a los vecinos y silencia a los testigos potenciales. Los conductores, mientras tanto, enfrentan la disyuntiva de pagar las extorsiones o arriesgarse a sufrir represalias. El vacío de autoridad y el aumento de los hechos violentos han convertido varias zonas de Lima en territorios controlados de facto por bandas delictivas. Mientras tanto, los pasajeros y trabajadores del transporte público deben convivir a diario con el miedo, sin que la violencia ni la informalidad encuentren freno efectivo.
