La acusación sostiene que Torres Merino fue favorecido con la contratación como proveedor de servicios en dos programas clave del ministerio: el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y el Programa Nacional de Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS). Por estas labores, recibió un monto ascendente a 47 mil soles.
Un hecho que develaría el conocimiento de la jefa de Estado es su defensa ante los cuestionamientos de ese momento. “El profesional calzó en el perfil para hacer estas charlas que todo el Estado tiene. Yo misma, cuando trabajaba en el Reniec, participé de talleres que nos permitían hacer el clima laboral positivo. El profesional calzaba, en su oportunidad, para esta tarea que había convocado el Programa PAIS. ¿Dónde está el problema?”, declaró Dina Boluarte entonces.
De acuerdo con la investigación, el 29 de octubre de 2021, el área de Recursos Humanos de Qali Warma identificó la necesidad de contratar a un profesional para implementar buenas prácticas. Este requerimiento fue aprobado al día siguiente por el hoy vocero presidencial Fredy Hinojosa, quien entonces se desempeñaba como director. El proceso avanzó rápidamente y el 9 de noviembre de 2021, Víctor Torres recibió una solicitud de cotización por correo electrónico, la cual respondió el mismo día. Apenas un día después de su registro, se emitió una orden de servicios a nombre de Víctor Torres por un monto de S/ 12 mil soles en el programa Qali Warma.
Al respecto, en su declaración como colaborador eficaz, a la que accedió Infobae Perú, Torres Merino indicó que efectivamente “con la participación de Nicanor”, se le favoreció en el programa Qali Warma con S/ 12 mil por “identificar buenas prácticas”, pero no fue la única orden de servicio que recibió. Luego pasó al programa País, también del Midis de Dina Boluarte, con otras tres órdenes por S/12 mil cada una, por capacitar en gimnasia laboral y pausas activas.
La noticia se da horas después de anunciarse la presentación de una denuncia contra la jefa de Estado y seis exministros de su gobierno: Pedro Miguel Angulo Arana, Luis Alberto Otárola, César Angulo Cervantes, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández. Ello, por presunto uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública por parte de la Policía Nacional de Perú y las Fuerzas Armadas, lo cual habría sido de conocimiento de los investigados y ocasinado la muerte de 75 víctimas, entre ellas Ronald Rojas Ramos y Michel Chipana Vega.
“La imputación está vinculada a las protestas sociales producidas en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 y 9 de febrero de 2023 en las regiones deApurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Puno, así como en Lima Metropolitana; identificándose a 75 víctimas por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública ejercida por la Policía Nacional de Perú y las Fuerzas Armadas, hechos que fueron de pleno conocimiento de los investigados”, indica el documento.
Al respecto, la defensa legal de la presidenta, Joseph Campos, calificó la investigación como inoportuna e inconstitucional, sugiriendo que debería ser archivada. “Es un esfuerzo del Ministerio Público para presionar… porque la investigación ya tiene casi 30 meses desde que se inició sin que hubiera un tema”, expresó en diálogo con RPP.
