La crisis de financiamiento al interior de la Contraloría General de la República ha generado que la institución de control pierda a más del 50 % de su personal en apenas cinco meses del año 2025 y, según César Aguilar Surichaqui, esto no permitirá garantizar la continuidad de las auditorías y servicios de control en el Perú.
Durante una conferencia de prensa, Aguilar aseguró que esta crisis se presenta en medio de un año preelectoral.
“Ante esta preocupante situación, resulta claro que la independencia de nuestra entidad fiscalizadora para ejercer su mandato constitucional de manera plena, y contribuir al uso eficiente de los recursos públicos en beneficio de todos los peruanos, se está viendo restringida por las severas limitaciones presupuestarias”, indicó a los medios.
Estas limitaciones fueron generadas a raíz de que el Ministerio de Economía redujo el presupuesto de la institución en más del 38 % para el año 2025 en la ley de presupuesto que fue aprobada por el Congreso.
Según el propio Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto para el año 2025 de la Contraloría es de S/ 966.8 millones, pero para el año 2024 el monto era de S/ 1,165.8 millones. En ese contexto, el contralor afirmó que “reanudamos nuestros pedidos al Congreso de la República, a la Presidencia de la República y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), para recibir una demanda adicional de recursos que permitiera mantener los niveles de operatividad institucional”
Durante la conferencia de prensa, Aguilar Surichaqui descartó que la Contraloría vaya a cerrar, pero sí advirtió que sus operaciones se verán afectadas a nivel nacional si el MEF no le otorga a su institución el presupuesto que requiere.
”La Contraloría no puede cerrar, pero nos van a mermar drásticamente (...) se reduce drásticamente la capacidad operativa desde el MEF. Si no nos dan el presupuesto que estamos pidiendo, que no es un presupuesto extra, sino que nos devuelvan lo que hemos devuelto, vamos a tener que prescindir de ciertas personas y nuestra capacidad operativa de fiscalización en Lima, en provincia, se va a tener que reducir. Tenemos que priorizar a qué servicios apuntar, pero lo óptimo es que usemos todos los recursos públicos para que la ciudadanía vea qué se ha hecho con recursos públicos", expresó.
Hoy, a su salida de la conferencia de prensa, el contralor ingresó al MEF con un nuevo pedido para reunirse con el ministro de Economía. A las afueras de la sede del Ministerio, un grupo de trabajadores de la institución de control protestan por el posible despido de hasta 2,000 personas
El pedido al nuevo ministro de Economía
El contralor Aguilar Surichaqui indicó que la situación de la Contraloría deberá ser resuelta con el nuevo ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, con quien busca reunirse.
“Yo no le estoy pidiendo al MEF o al ministro que me dé de donde no hay. Sé que la recaudación ha estado baja, pero hay formas y sobre todo hay intenciones políticas. Debe haber ganas de querer hacer las cosas y alguna solución tienen que plantear. La petición es que los saldos de balance que se han devuelto, que los retornen para manejar y cubrir hasta que salga la ley. Tenemos 48 millones, por un lado, y 63, por otro lado, pero todo el saldo de balance que los devuelvan hasta que salga la ley de crédito suplementario”, indicó el representante de la Contraloría.
Una convocatoria irregular
La crisis comenzó tras un concurso público realizad entre el 20 de febrero y el 18 de junio de 2024, con el objetivo de cubrir más de 4,000 plazas dentro de la entidad. Sin embargo, el proceso fue marcado por una serie de irregularidades que no solo impidieron que la Contraloría se beneficiara de dicho concurso, sino que también contribuyeron a una crisis financiera en la institución.
El informe de la Contraloría detalla que, para cubrir estas plazas, se requerían 383 millones 997 mil soles. Este dinero debía pasar por una evaluación previa por parte de la gerencia de presupuesto y obtener una certificación que garantizara su disponibilidad sin necesidad de recurrir a endeudamientos.
Sin embargo, la certificación de estos fondos solo se logró una vez que ya se habían realizado las contrataciones. Esta situación contravino los procedimientos legales y provocó la reducción de plazas a 3,082, además de que la Contraloría asumió gastos no autorizados, lo cual fue declarado ilegal por la propia entidad.
A raíz de estos problemas, alrededor de 2,000 funcionarios dejaron la institución a fines de marzo. Entre los despedidos se encuentran auditores, quienes tienen la responsabilidad de controlar el trabajo de otros funcionarios públicos y señalar cualquier irregularidad en su desempeño.
