Luego de un año, dos meses y siete días, Gustavo Adrianzén dejó su cargo como presidente del Consejo de Ministros. Sus declaraciones sobre el secuestro y asesinato de los 13 mineros en Pataz y la masiva oposición hacia su permanencia por parte del Congreso de la República terminó por obligarlo a presentar su renuncia ante la mandataria Dina Boluarte. Luego de negarlo por varias horas y realizarse cambios ministeriales que no convencieron a los legisladores, el sucesor de Alberto Otárola confirmó su salida.
“Presidenta, pensando en los altos intereses de la patria, me asiste hoy el deber de presentar ante usted mi renuncia irrevocable al cargo de presidente del Consejo de Ministros con el que usted me honró. Durante el tiempo que ejercí el cargo de premier, lo hice con gran sentido de responsabilidad y compromiso, y siempre en concordancia con el juramento que ante usted hice de cumplir mis funciones sin cometer actos de corrupción. Sería imposible enumerar ahora los logros alcanzados a lo largo de este tiempo, solo me queda indicar que todo ha sido posible gracias al gran equipo que conformamos bajo su liderazgo”, dijo en conferencia de prensa.
Su dimisión, tal como precisa el artículo 133 de la Constitución Política del Perú, “produce la crisis total del gabinete”, hecho por el que este miércoles 14 de mayo se oficializó en el Diario Oficial El Peruano la renuncia de los 19 ministros. De esta manera, dependerá de la presidenta y el nuevo premier si deciden refrescar las cabezas de los ministerios o ratificar de manera parcial o total a los funcionarios del ‘Gabinete de Adrianzén’.
El ‘reciclaje’ de ministros no solo se ha visto en el gobierno de Pedro Castillo, sino en el presente. De hecho, el mismo Adrianzén optó por no realizar cambios cuando juró al cargo el pasado 6 de marzo del 2024. En aquella ocasión, la estructura del gabinete permaneció intacta, con Javier González Olaechea al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Walter Astudillo en Defensa, Víctor Torres en Interior, Eduardo Arana en Justicia y Miriam Ponce liderando el Ministerio de Educación.
César Vásquez continuó como ministro de Salud, mientras que Jennifer Contreras permaneció al frente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. En el ámbito laboral, Daniel Maurate siguió liderando el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Por su parte, Ana María Choquehuanca conservó su puesto como ministra de la Producción, y Juan Carlos Mathews continuó al frente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
En el sector de infraestructura y transporte, Raúl Pérez Reyes se mantuvo como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, Hania Pérez de Cuéllar siguió liderando el Ministerio de Vivienda, mientras que Nancy Tolentino permaneció como ministra de la Mujer. En el ámbito ambiental, Juan Carlos Castro continuó como responsable del Ministerio del Ambiente, y Leslie Urteaga se mantuvo al frente del Ministerio de Cultura.
El gabinete también extendió la permanencia de Julio Demartini en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, José Berley Arista en el Ministerio de Economía y Finanzas, y Rómulo Mucho como titular del Ministerio de Energía y Minas.
Hasta la publicación de la presente nota no existe aún fecha ni hora para la programación de la juramentación oficial del nuevo premier. Sin embargo, trascendió que esto podría suceder en el transcurso de hoy. De realizarse, de acuerdo al artículo 130° de la Constitución Política del Perú, el nuevo jefe del Gabinete tiene treinta días desde que asumió sus funciones para plantear la cuestión de confianza ante el Congreso de la República, el cual tiene la potestad de otorgar o negarla. La negativa por parte del Poder Legislativo desencadenaría que todos sus miembros renuncien inmediatamente.
¿Quién reemplazaría a Gustavo Adrianzén en la PCM?
De acuerdo a trascendidos, la primera opción para reemplazar a Adriazén sería el ahora exministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, quien forma parte del gabinete desde setiembre del 2023 y se ha convertido en uno de los hombres fuertes del gobierno. Otro de los voceados es Morgan Quero, extitular del Ministerio de Educación, a quien se le ha visto cercano a la jefa de Estado. Aunque Juan José Santiváñez, censurado ministro del Interior, también se consideró, con el pasar de las horas perdió terreno ante el rechazo por parte de la población.
Independiente a quien la jefa de Estado elija, los tres mencionados no están libres de polémicas. Arana, llamado ‘el asesor en las sombras de Dina Boluarte‘, no ha sabido enfrentar el hacinamiento de cárceles, el cual sigue siendo un problema para el país. Además, también es investigado por presunto tráfico de influencias agravado y, de manera alternativa, por cohecho activo específico en el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. El segundo tiene un listado de cuestionamientos mayor.
Hace solo una semana, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra Quero por presunta incitación a la discriminación agravada, considerado un delito contra la humanidad. El hecho imputado es haber llamado “ratas” a los muertos durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte que se desarrollaron entre diciembre de 2022 y enero de 2023. A ello se suma una investigación en curso por presunta extorsión a Alberto Otárola para alejarlo de Palacio.
Sobre su labor, también ha estado bajo el ojo público por sus declaraciones. En el pasado, indicó que no se necesitan docentes de inglés para enseñar fonética, gritó ‘¡viva el autismo!’, en el día mundial de la concienciación sobre esta condición y la más grave de todas responde a la sugerencia de que las agresiones sexuales contra niñas awajún pueden ser una “práctica cultural”, hecho que lo obligó a pedir disculpas.
Con respecto al último mencionado, la lista es aún mayor. No solo se le reprochó la falta de efectividad en la lucha contra la inseguridad ciudadana, sino sus constantes mentiras en defensa de su labor. Desde inculpar a inocentes como senderistas y extorsionadores, hasta asegurar que homicidios se redujeron en 72%, cuando fue de apenas un 7,2% y asegurar que no se acordaba al ser consultado por el error. En terreno fiscal también cuenta con un gran legajo. No solo es investigado por presunto tráfico de influencias agravado, bajo la modalidad de delito continuado, también por abuso de autoridad, omisión de denuncia y rehusamiento o demora de actos funcionales.
