En un esfuerzo por combatir la creciente amenaza del crimen organizado y la minería ilegal en zonas de la región de La Libertad, el Estado ha desplegado más de 1,100 efectivos entre personal militar y policial como parte de una estrategia integral de seguridad tras el asesinato de 13 mineros en una mina de Pataz.
Este despliegue tiene como objetivo recuperar el control del territorio, especialmente en distritos críticos como Pataz, Parcoy y Tayabamba, zonas históricamente dominadas por mafias dedicadas a actividades ilegales.
Las operaciones incluyen patrullajes permanentes, intervenciones de control en puntos estratégicos y el establecimiento de puestos de vigilancia multisectoriales en los accesos a las zonas más afectadas. Durante los operativos, se ha logrado la incautación de armas, municiones, equipos tácticos y materiales utilizados para la extracción ilegal de minerales. Además, se han realizado detenciones de personas involucradas en delitos como la minería ilegal, el tráfico de explosivos y el hurto de recursos naturales.
Operativo ‘Lobo’ en Pataz
El 12 de mayo, el Comando Unificado de Pataz ejecutó el operativo ‘Lobo’ en la mina “Galindo” (Pueblo Nuevo) con 407 efectivos, como parte de la ofensiva contra la minería ilegal. La operación involucró a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, bajo la dirección de los generales Marco Marín y Carlos Llerena.
“La zona intervenida es una de las más inaccesibles del país”, remarcó el Ministerio de Defensa (Mindef) antes de agregar que los operativos de este tipo “demuestran” la lucha que se realiza contra el crimen organizado “y que, paso a paso, la legalidad y la paz volverán a cada rincón del país”.
Durante la intervención, se confiscaron 87 emulsiones explosivas, 53 mechas fulminantes, dos kilos de ANFO, armas y municiones, material que se utilizaría en actividades ilícitas que generan violencia e inseguridad en la región. Este operativo se llevó a cabo en el marco del estado de emergencia decretado en Pataz, Parcoy y Tayabamba.
Participaron unidades de élite como la BRIFE, el BIM323 y divisiones especializadas de la PNP, como DINOES y Medio Ambiente. El objetivo de las acciones es restaurar el orden y frenar el avance del crimen organizado en una de las zonas más conflictivas del país.
Medidas del estado de emergencia
El gobierno también ha implementado medidas adicionales, como el fortalecimiento de los controles en las rutas de transporte de mercancías, especialmente en lo que respecta al oro extraído de manera ilegal. En coordinación con diversas entidades como la PNP, el Ejército del Perú y organismos reguladores, se busca garantizar la trazabilidad del mineral y evitar que llegue a los mercados ilegales.
A través de estas acciones, el Estado pretende no solo desmantelar las redes criminales que operan en la región, sino también restablecer el orden y la legalidad en zonas donde las mafias han controlado las actividades económicas durante años. Además, el gobierno ha asegurado que continuará trabajando para frenar la minería ilegal y otros crímenes conexos, con el compromiso de no dar tregua a las organizaciones delictivas.
El despliegue de estas fuerzas de seguridad también responde a un contexto de creciente violencia en la región, donde el crimen organizado ha generado una alta tasa de muertes violentas y afectado gravemente la seguridad de la población. La implementación del estado de emergencia, con medidas como el toque de queda, busca reducir la movilidad de las bandas criminales y facilitar la intervención de las fuerzas del orden.
