La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se encuentra bajo el escrutinio de la Fiscalía de la Nación debido a una intervención quirúrgica realizada en junio de 2023, que, según las autoridades, podría haber generado un vacío de poder. De acuerdo con la fiscal general, Delia Espinoza, la investigación no se centra en el hecho de haberse sometido a la cirugía, sino en la presunta omisión de informar al Congreso sobre el procedimiento, lo que habría constituido un abandono de funciones.
La mandataria ha defendido públicamente la necesidad de la operación, asegurando que se trató de un procedimiento médico imprescindible para su salud y no de una intervención estética. Durante la inauguración de nueva avenida Tomás Valle en el distrito del Callao este lunes 27 de enero, Boluarte reiteró que nunca dejó de trabajar, incluso durante el periodo en que se sometió a la cirugía.
Desde diciembre, Boluarte continúa afirmando que la cirugía no le generó incapacidad: “Jamás dejé de atender mis responsabilidades como presidenta”, declaró, enfatizando que incluso ingresó al hospital en horas nocturnas para no interferir con sus labores diarias.
La jefa de Estado sostiene que fue para corregir un tabique desviado y reducir el tamaño de los cornetes, una condición que, según la mandataria, le impedía respirar adecuadamente. La intervención, que duró aproximadamente 40 minutos y se realizó bajo anestesia local, fue revelada públicamente meses después, el 3 de diciembre, por su exjefe de gabinete, Alberto Otárola, durante una comparecencia ante una comisión del Congreso.
Abandono de cargo y no notificación al Congreso
El punto central de la investigación radica en la falta de notificación al Congreso sobre la cirugía. Según la Constitución , cualquier situación que pueda generar una incapacidad temporal del presidente debe ser informada al Legislativo, ya que podría derivar en un vacío de poder. En el caso de Boluarte, esta omisión ha llevado a que se le investigue por presunto abandono de cargo y omisión de funciones en agravio del Estado.
La fiscal general explicó que el problema no es la cirugía en sí, sino la falta de comunicación oficial. “No se le está investigando porque haya pasado una cirugía, se está investigando porque, presuntamente, habría hecho abandono del cargo por horas o días sin justificación, sin haber comunicado al Congreso como corresponde”, sostuvo Espinoza.
Este vacío de poder adquiere mayor relevancia debido a que Boluarte no cuenta con un vicepresidente que pueda asumir sus funciones en caso de incapacidad. Esto se debe a que ella misma ocupaba ese cargo cuando asumió la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.
Implicaciones legales y políticas
El caso ha generado un debate sobre las posibles consecuencias legales y políticas para la presidenta. Algunos juristas han señalado que la omisión de informar al Congreso podría constituir una infracción constitucional, lo que abriría la puerta a un proceso de destitución. Según la Constitución peruana, el Congreso tiene la facultad de declarar la vacancia presidencial en caso de incapacidad moral o física del mandatario.
Este no es el único frente judicial que enfrenta Boluarte. La mandataria está siendo investigada por varios casos, entre ellos, las muertes ocurridas durante las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y principios de 2023, así como por presunto cohecho pasivo en el denominado “Rolexgate”, relacionado con la posesión de relojes y joyas de lujo no declarados.
Además, el Ministerio Público indaga en un caso de corrupción en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social durante su gestión como ministra, así como en la desactivación de un equipo policial anticorrupción que investigaba a su hermano. Otro caso pendiente involucra el supuesto uso de su vehículo oficial en la fuga del líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón
