El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) ha vuelto a retomar este lunes la propuesta de reabrir el penal El Frontón, que funcionó en la isla del mismo nombre, cerca de la costa de El Callao. La iniciativa legislativa, que responde a la sobrepoblación penitenciaria, también contempla ampliar la cárcel de máxima seguridad de Challapalca, ubicada en Tacna.
De acuerdo con el documento, ambos establecimientos estarían destinados a albergar a condenados por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, crimen organizado, trata de personas, homicidio calificado y violencia sexual.
Según una nota difundida en la página oficial del Legislativo, Soto también evalúa la presentación de una iniciativa para reactivar esta cárcel “con pleno respeto a los derechos humanos, debido al incremento de la delincuencia e inseguridad ciudadana”.
La reapertura de este penal enclavado en el océano ya había sido planteada en abril de 2022 por la diputada Isabel Cortez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) para acoger, según dijo, “a aquellos que violan y asesinan [...] para que cumplan cadena perpetua sin goce de beneficio”.
En julio de 2023, la proposición llegó del legislador Wilson Soto (Acción Popular) quien, al igual que Muñante, solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) la reconstrucción e implementación del establecimiento.
De acuerdo con datos recogidos por Muñante en su propuesta, el penal de Challapalca se encuentra al límite del aforo: 214 reos viven esta prisión situada en una remota localidad de los Andes del sur, de los cuales 68 fueron condenados por robo agravado, 24 por homicidio calificado y 11 por asociación, entre otros delitos.
A fines del año pasado, El Comercio reveló que un cabecilla del Tren de Aragua en Perú —el venezolano Héctor Prieto, alias ‘Mamut’— seguía dirigiendo esa red delictiva desde ese lugar, “a través de audios” que “serían grabados con la complicidad de malos funcionarios del INPE”.
El líder criminal, quien en su país estuvo preso en la cárcel de Tocorón, ingresó a territorio nacional de manera ilegal desde Brasil en 2021 y fue detenido por agentes de la Policía Nacional (PNP) junto a otras once personas en una vivienda del distrito de San Martín de Porres.
En noviembre pasado, el Ejecutivo aprobó un decreto legislativo que busca mitigar la sobrepoblación en los penales del país, una problemática que, si al 2025 no encuentra solución, deberá acoger las medidas del Tribunal Constitucional (TC), como el cierre de las cárceles más hacinadas y el traslado de los internos a otros establecimientos.
Una nota difundida por su despacho posteriormente precisó que esta iniciativa “podría implicar el cierre temporal del establecimiento penitenciario para el ingreso de nuevos internos [al 2025], entre otras medidas” calificadas como “urgentes” para enfrentar el fenómeno carcelario.
