
El debate sobre la reforma laboral, que ha vuelto a surgir tras las elecciones legislativas, puede ser una gran oportunidad para darle paso a una innovación y modernización necesaria a varios sectores. Pero ningún cambio debe poner en riesgo la columna vertebral de la justicia social: los derechos laborales.
La economía global está cambiando a una velocidad acelerada. Las transformaciones tecnológicas y las nuevas demandas de los mercados requieren de un sector laboral más preparado para los desafíos del futuro. La modernización es inevitable y, de hecho, debe ser bienvenida dentro de un marco normativo adecuado.
Tomemos como ejemplo la industria petrolera y el downstream, que es el sector encargado del refinado, la distribución y la comercialización de los productos derivados del petróleo. Es decir, la etapa final de la cadena de valor del gas y del petróleo. Esta es una de las áreas más afectadas por los cambios tecnológicos.
Las refinerías están implementando procesos más automatizados, donde la inteligencia artificial juega un rol clave en la optimización de la producción. No es solo cuestión de eficiencia económica; también es una cuestión de adaptarse a una demanda de productos más limpios y procesos más sostenibles.
Ahora bien, esto no significa que el empleo de los trabajadores del downstream deba ser sustituido por máquinas. Al contrario; hemos asegurado que los trabajadores reciban capacitación continua, que aprendan a manejar estas nuevas tecnologías y que se les garantice un lugar irremplazable en esta modernización.
Lo que no podemos permitir es que la modernización ocurra sin una regulación clara que resguarde los derechos de los trabajadores y el poder adquisitivo de los salarios. Si éstos dos ejes (trabajadores y salarios) no son los pilares fundamentales del modelo económico, el problema es el modelo económico.
En este contexto, el papel de las pymes es fundamental y no puede ser subestimado, ya que son la columna vertebral del sector productivo argentino, las principales generadoras de empleo formal y el motor de las economías regionales. El verdadero obstáculo para su crecimiento no radica en las regulaciones laborales, sino en la ausencia de una política económica que fomente la inversión productiva y la industria nacional.
La modernización es bienvenida, pero siempre respetando la dignidad del trabajo. La flexibilización de los contratos laborales, que junto con la negociación salarial individual es uno de los puntos más peligrosos y preocupantes de la reforma que se avecina, no puede ser una excusa para vulnerar los derechos de los trabajadores.
¿Por qué modernizar implica atacar la negociación colectiva libre o precarizar la representación sindical? No, modernizar es precisamente lo contrario: capacitar a los trabajadores en las nuevas tecnologías, integrarlos en los procesos de toma de decisiones, premiar los salarios con beneficios impositivos. Y principalmente, acompañar a las pymes en ese proceso.
El futuro del trabajo debe ser con derechos, con justicia social, donde la modernización y la innovación sean herramientas para mejorar nuestras condiciones de vida, no para debilitarlas. Creemos en la vocación de diálogo, y más aún si el objetivo es avanzar en una agenda común hacia un futuro más próspero para todos, pero siempre con la seguridad de que nadie quedará atrás.
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