La inestabilidad macroeconómica en la Argentina tiene su raíz en excesos fiscales recurrentes, desbordes monetarios y un historial de incumplimiento de compromisos financieros. Estas condiciones han sido agravadas a lo largo del tiempo por la utilización de anclas cambiarias -ya sean tipos de cambio fijos o esquemas de flotación administrada- con fines antiinflacionarios.

Cuando la apreciación cambiaria resultante no se compensa con mejoras en inversión y productividad, esto suele desembocar en un deterioro de la cuenta corriente externa.

En este contexto, impulsadas por factores que erosionan la confianza en el gobierno, se han producido reiteradas corridas contra el peso, forzando correcciones abruptas. Por caso, en 2018 se vendieron USD 11.000 millones de reservas intentando defender una paridad, pero aun así el peso terminó con una depreciación del 84%. Cuando el margen de reservas es bajo o no hay acceso a crédito externo, las corridas se vuelven más difíciles de contener.

Otra variable crítica es el elevado porcentaje del ahorro argentino en el exterior. En épocas adversas, ese capital se fuga con mayor intensidad; en escenarios favorables, alimenta procesos de sobreapreciación cambiaria. Actualmente, el stock de activos externos privados representa alrededor del 40% del PBI. Este comportamiento está directamente relacionado con la inestabilidad macro y la continua alteración de reglas de juego, cambios de beneficiarios de la renta estatal ante las variaciones de gobierno, y la mera probabilidad de que esto ocurra.

Así, la pérdida de confianza -como quedó de manifiesto el 7 de septiembre- desencadena cambios de portafolio capaces de precipitar corridas incluso en escenarios de aparente solvencia fiscal.

En ocasiones, la asistencia externa contribuye a prolongar la permanencia de ciertos regímenes cambiarios, y facilita salidas de capital a valores inferiores a los previstos por el mercado en ausencia de ayuda, logrando una estabilización transitoria que rara vez se sostiene en el tiempo.

La experiencia lo demuestra: en la Convertibilidad, la asistencia duró más tiempo, pero ante reformas insuficientes o shocks externos y domésticos, el sistema colapsó. El ajuste se concretó a través del mecanismo menos deseado -suba de tasas de interés-, inviabilizando el equilibrio fiscal y la paz social.

Hoy existen ciertas condiciones que permitirían neutralizar una corrida cambiaria; otras, imprescindibles para evitar el fracaso, deben ser generadas. Dentro de los factores a favor, sobresale el equilibrio fiscal, ya que el actual desbalance de la cuenta corriente (1,7% del PBI, segundo trimestre) es fruto de operaciones del sector privado y, en consecuencia, financiado por los propios agentes.

Además, la desregulación y apertura comercial ponen el foco en mejorar la productividad, aunque sus resultados toman tiempo y enfrentan resistencias, especialmente en mercados de factores poco eficientes.

A esto se añade que la depreciación real del tipo de cambio multilateral en 2025 (25%) dentro de la banda acordada contribuyó a atenuar el riesgo de apreciación.

El tipo de cambio real de hoy es equivalente al de abril de 2024, y aunque se sitúa un 12% más apreciado que el promedio de las dos últimas décadas, no representa por sí mismo el principal factor de inestabilidad.

Entre los elementos positivos se suman la asistencia del FMI en abril por USD 20.000 millones bajo Facilidades Extendidas y el reciente swap de igual monto con el Tesoro de Estados Unidos. También existen mecanismos de compra de pesos y ayuda para gestionar créditos externos.

No obstante, estas condiciones aún no logran calmar el panorama. La demanda de dólares sigue siendo alta, incrementando la presión sobre las reservas incluso con restricciones, y la tasa de interés ha escalado a niveles de tres dígitos.

El tipo de cambio futuro a mayo de 2026 supera en un 10% el techo de la banda proyectada. El riesgo dominante es que la recesión en curso obstaculice el equilibrio macroeconómico. Se asemeja así a una corrida bancaria sobre una entidad sólida: aunque hay superávit fiscal, la confianza se erosiona y los ahorristas no renuevan los depósitos, descalzando activos y pasivos. La diferencia, en este caso, es que la corrida es sobre las limitadas reservas del Banco Central, agravada por la imposibilidad de acceder al mercado de capitales.

En junio de 2025, la deuda pública consolidada equivalía al 52% del PBI, con superávit financiero en las cuentas públicas nacionales. Esto sugiere ausencia de un problema de solvencia, aunque persiste un problema serio de liquidez. Los vencimientos de la deuda pública externa suman USD 15.000 millones entre 2025 y 2026 y USD 19.000 millones en 2027. Aun considerando reservas líquidas y el fondeo adicional previsto del FMI y bancos multilaterales, queda una brecha a financiar cercana a USD 25.000 millones.

En este contexto, el auxilio norteamericano es relevante, pero no resuelve la totalidad de las necesidades. Incluso si el Gobierno logra reducir la deuda externa sobre el PBI con superávits fiscales, la dificultad para lograr refinanciación voluntaria limita la estrategia a mediano plazo.

El mercado percibe que, más allá de la ayuda recibida, el Gobierno necesita recomponer reservas internacionales y probablemente realizar ajustes en el régimen cambiario. Una mayor flexibilidad cambiaria aparece como opción preferible, ya que de persistir la rigidez ante un shock de desconfianza, el ajuste se traslada de inmediato a las tasas de interés.

Además, la negociación y el consenso político son esenciales: la falta de acuerdos tras la derrota electoral de septiembre fue factor clave para la corrida. Otro elemento de preocupación es la imposibilidad de refinanciar los grandes vencimientos de la deuda soberana.

La estrategia oficial para normalizar el frente macro-financiero debería incluir, al menos, dos de estos tres pilares:

1. Régimen cambiario flexible: El Gobierno carece de información privilegiada para determinar el tipo de cambio óptimo, igual que sucede con cualquier otro precio relevante de la economía. Aunque históricamente la intervención buscó generar un ancla antiinflacionaria sin respaldo fiscal o monetario, el actual anclaje fiscal desde 2024 constituye la base del programa de desinflación. El escaso traslado a precios tras la depreciación de 2025 muestra que la ancla cambiaria pierde centralidad. Un esquema de flotación sin intervención permitiría que el mercado defina el tipo de cambio real de equilibrio y el banco central gane autonomía en su política monetaria. Además, la flexibilidad permitiría reaccionar a shocks internos y externos, ubicando el tipo de cambio en niveles compatibles con un proceso de transformación estructural. La implementación, sin embargo, requiere coordinación y condiciones de holgura política y financiera.
2. Gestión de la deuda: Frente a la ausencia de acceso al financiamiento voluntario, resulta necesario complementar el apoyo de multilaterales y del Tesoro estadounidense con estrategias de re-perfilamiento voluntario. La clave sería suavizar los picos de vencimiento a través de canjes que extiendan plazos sin quita de capital -por ejemplo, a cinco años-, tal como aconsejan las mejores prácticas y experiencias internacionales. Para incentivar los acuerdos, se pueden utilizar bonos colateralizados con activos del Tesoro de Estados Unidos y consolidar instrumentos existentes para mejorar su liquidez. La evidencia internacional demuestra que las reestructuraciones preventivas y voluntarias -previas al default- permiten una mejor recuperación de la inversión y el crecimiento.
3. Forjar consensos de largo plazo: Lograr acuerdos entre oficialismo y oposición sobre metas fiscales a cinco años, o sobre el establecimiento de reglas presupuestarias estables, contribuiría a consolidar la confianza. Además, el desarrollo de marcos regulatorios duraderos para sectores de alto potencial, como agroindustria, energía, minería o economía del conocimiento, permitiría atraer capital y minimizar la incertidumbre.

La estabilidad monetaria y regulatoria debe convertirse en política de Estado. Solo así será posible reducir de manera significativa la incertidumbre y crear condiciones sólidas para el crecimiento sostenido y la inversión privada.

El autor es economista. Execonomista líder del Banco Mundial y ex gerente del BCRA