La Ciudad de Buenos Aires está dando un paso trascendental: avanzar hacia la creación de su propio sistema penitenciario. No se trata solo de asumir una competencia que la autonomía porteña habilita, sino de construir un modelo moderno, eficiente y humano que vincule seguridad, justicia y reinserción social.

Hoy, más de 2.400 personas están detenidas en comisarías y alcaidías de la Ciudad, lugares pensados para alojamientos transitorios y no para cumplir condenas. Este contexto, además de generar sobrepoblación, impacta en la seguridad de todos. La situación actual nos interpela: necesitamos un sistema que no solo custodie, sino que también transforme.

Desde las comisiones de Justicia, Seguridad, Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña, venimos trabajando de manera articulada para definir los lineamientos del nuevo Sistema Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires. El eje de este debate es la creación de una Agencia de Reintegración Social, que reemplace el modelo tradicional de “servicio penitenciario” por una estructura interdisciplinaria, con conducción civil y formación específica.

Esta Agencia tendrá dos componentes:

• Un Cuerpo de Seguridad Penitenciario, profesionalizado y capacitado para el uso controlado de la fuerza, que se ocupará de la custodia y el control de los centros de detención.

• Un Equipo Civil y Profesional, integrado por psicólogos, educadores, trabajadores sociales y especialistas en reinserción, que acompañará a cada persona condenada en la elaboración de su “plan de vida”: un proyecto personal que contemple educación, trabajo, salud y vínculos familiares.

El objetivo es claro: reducir la reincidencia y aumentar la seguridad. No se trata de ser indulgentes con quien comete un delito, sino de crear las condiciones para que, una vez cumplida la condena, esa persona tenga herramientas reales para no volver a delinquir. La seguridad también se construye con oportunidades.

Otro aspecto central del proyecto —que impulsamos desde la Comisión de Justicia— es incorporar la voz de las víctimas. Queremos que quienes han sufrido un delito tengan participación activa en el proceso de ejecución de la pena, especialmente al evaluar beneficios o programas de reinserción. Este nuevo modelo, debatido junto al Poder Ejecutivo y los distintos bloques legislativos, no busca copiar estructuras del pasado, sino crear una política penitenciaria propia, con estándares internacionales, conducción civil y enfoque integral. Una política que entienda que custodiar y reintegrar no son funciones opuestas, sino partes de una misma responsabilidad del Estado.

En definitiva, lo que estamos impulsando es un cambio cultural en las prácticas de encierro. Un sistema penitenciario que respete los derechos, escuche a las víctimas, prepare a las personas para su reinserción y, sobre todo, contribuya a una Ciudad más segura y justa.