El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó la idea de dolarizar la economía argentina al afirmar que “el Gobierno no tiene los dólares para dolarizar”. Ante esto surge una pregunta inevitable: ¿qué ocurrió con los USD 10.000 millones que Javier Milei dijo tener asegurados a través de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo? El Presidente, incluso, afirmó tener la confirmación en su celular.

Tampoco se concretó la dolarización endógena que tanto Milei como Caputo prometieron en campaña. Así, la credibilidad oficial ha quedado fuertemente erosionada. La dolarización fue una promesa concreta del oficialismo, una promesa imposible de atribuir a la oposición. Si el Gobierno realmente disponía de los USD 10.000 millones, existían condiciones para intentar dolarizar el país durante el primer año de gestión.

Ahora el debate se abre sobre el menú real de opciones monetarias para construir una política económica sólida y, ante todo, creíble.

La historia reciente muestra la fragilidad de los respaldos monetarios. El 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon suspendió la convertibilidad del dólar al oro. Desde ese momento, todas las monedas que circulan en el mundo son monedas fiat: divisas cuyo valor no reside en su respaldo por oro, plata o algún bien físico, sino en la confianza que inspira el Estado emisor y su capacidad para preservar la estabilidad.

En este escenario global, Argentina enfrenta una dificultad adicional: su descrédito institucional es profundo. La confianza en las reglas de juego jurídicas, políticas y económicas ha sido minada durante décadas.

Las normas se alteran de manera habitual, como lo demuestran decisiones judiciales que validaron la pesificación de 2002 o, más atrás, el plan Bonex de 1989. La recurrencia del populismo abona la percepción de que, incluso si se avanza hacia una economía de mercado, nada garantiza que en poco tiempo se retome una deriva populista de extrema politización y gasto desbocado.

El desprecio por la Constitución Nacional se naturalizó tanto entre jueces como entre políticos. Este marco normativo, lejos de ser un límite inamovible, se percibe como una sugerencia adaptable según las circunstancias políticas del momento. Pero la Constitución es justamente la que debería marcar el rumbo rector de un país, actuando como ese piloto automático capaz de corregir desviaciones.

Por tanto, para Argentina, un sistema monetario basado en moneda fiat resulta inviable en el corto plazo, pues la reconstrucción de la confianza institucional es un proceso largo que demanda, probablemente, décadas.

Frente a esta crisis de credibilidad, una de las opciones teóricas sería reimplantar un régimen de convertibilidad. Sin embargo, este modelo arrastra el antecedente negativo de su colapso en 2002. El “corralito” -y la posterior pesificación- implicaron un quiebre en la confianza social. La frase “el que depositó dólares, recibirá dólares” quedó como una herida abierta.

Incluso quienes habían aprobado entusiastamente la Ley de Intangibilidad de los Depósitos en 2001, pocos meses después apoyaron la pesificación asimétrica. Esos antecedentes vuelven inviable la reimplantación de la convertibilidad como pilar confiable para los argentinos.

Surge entonces otro dilema: si se decidiera reinstalar la convertibilidad, ¿a qué tipo de cambio se haría? Antes sería necesario corregir los precios relativos en la economía y permitir que el mercado de divisas encuentre su punto de equilibrio. Solo tras dicha corrección podría definirse un tipo de cambio creíble como base de la nueva convertibilidad. Lo mismo aplica en el caso hipotético de pedir dólares prestados para una dolarización: es una alternativa ya descartada oficialmente.

Si no es viable el uso de moneda fiat y tampoco la dolarización o la convertibilidad, queda, como alternativa, la competencia de monedas. En este sistema, se elimina la obligación de usar el peso como único medio de pago y se permite que cada agente económico elija la moneda que prefiera para pactar sus transacciones. El requisito fundamental sería que el Estado no imponga el pago de impuestos en pesos, pues ello forzaría artificialmente la demanda de una moneda devaluada.

La desaparición del curso forzoso impediría el funcionamiento de la Ley de Gresham, aquella que sostiene que el dinero malo expulsa al bueno de la circulación. Actualmente, los argentinos ahorran en divisas y se desprenden de los pesos porque saben que se deprecian velozmente. Sin embargo, el peso circula únicamente por la coacción legal del curso forzoso.

Resulta llamativa la reciente afirmación de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, quien justificó la compra de pesos realizados por su país alegando que “el peso está subvaluado”. Incluso sostuvo que “hay que comprar lo barato para vender cuando esté caro”.

Esa visión resulta difícil de sostener en el actual contexto argentino. En los últimos meses, el control de la cotización del peso se sostuvo, en parte, mediante fuertes intervenciones: el mercado de futuros estuvo bajo supervisión, el Tesoro nacional vendió dólares hasta agotar sus reservas, y el Banco Central intervino también en el mercado contado.

Argumentar que el peso está subvaluado cuando su precio apenas se mantiene con múltiples intervenciones, es una posición que resta seriedad al análisis de Bessent como actor del mercado financiero.

Queda la sospecha de que Bessent apueste por un ciclo de carry trade: obtener ganancias financieras aprovechando la brecha de tasas y luego salir del mercado, aun sabiendo que esa salida impulsaría al alza el tipo de cambio. El argumento sobre la supuesta subvaluación del peso, en medio de una tempestad de intervenciones oficiales, no resiste el menor análisis.

La credibilidad es el ingrediente esencial para cualquier política monetaria que pretenda perdurar. Sin confianza institucional, toda alternativa estará bajo sospecha y será percibida como un castillo de naipes. La respuesta a la crisis no depende únicamente de instrumentos técnicos, sino de restaurar -con hechos concretos y reglas estables- la confianza de los argentinos en la moneda y en su gobierno.