¡Gracias, Don Carlos!

¡Gracias, Don Carlos! Así decían, con una amplia sonrisa, un grupo de obreros a su jefe que los había reunido para contarles que se había adherido a uno de los miles de blanqueos laborales por los que ha atravesado Argentina, y que, desde ese momento, todos tendrían aportes jubilatorios y obra social.

Para no ser menos, el actual gobierno también abrió un blanqueo laboral al inicio de la gestión, que estuvo vigente hasta fines de julio, el cual, según los registros, rozó el fracaso. Los “Don Carlos”, esta vez, registraron menos de 17.000 trabajadores en un sistema que tiene más de seis millones de asalariados que no tienen su relación de dependencia inscripta.

Si bien la tasa de informalidad asalariada supo llegar a casi 50% a comienzos de los años 2000, el valor más frecuente que se encuentra es 34,5% y el promedio de los últimos diez años llega a 34,1%. De todos modos, tras la pandemia, la informalidad pasó a ser más alta y el último registro llegó a 36,1 por ciento.

El número que arroja el blanqueo significa que solo se hayan incorporado por esta vía menos del 0,3% de los trabajadores no registrados, lo que llevaría la tasa de informalidad a apenas 35,8%, con suerte.

De todos modos, la tasa de informalidad, definida como lo hace el Indec, que la determina según si el empleador realiza aportes o no al trabajador, no significa que no estén registrados en la seguridad social.

Una práctica común desde hace tiempo es la de trabajadores con una relación de dependencia, pero que a fin de mes presentan factura al empleador. Es decir, monotributistas que terminan trabajando en relación de dependencia, muchos de estos en dependencias del Estado.

Desde 2017, las estadísticas permiten desagregar entre asalariados informales con o sin aportes, es decir, quienes presentan factura de monotributo y, por lo tanto, tienen aportes jubilatorios y acceden a obra social, y quienes son literalmente trabajadores en negro.

Lo que resulta claro del gráfico es que la proporción de asalariados que pagan sus propios aportes (monotributistas), lo que Indec denomina informales registrados, ha ido creciendo desde el momento en que se tiene información (dos mil diecisiete), aunque esta tendencia se presume que viene desde antes.

Al margen de la idea de que los Don Carlos son empleadores avaros que solo quieren mantener a los trabajadores en negro para andar en la última cuatro por cuatro, cosa que seguramente tiene asidero, existen otros factores para no registrar a los trabajadores. A los que se han sumado otras medidas que hoy convalidan y reducen los riesgos de no registrar.

Al momento de tomar la decisión de contratar a un trabajador formal se evalúa el costo en que se incurre, lo que incluye salario, aportes, contribuciones, regulaciones de convenio, costos eventuales de despido, riesgo de litigios, etcétera. Y eso se compara con el ingreso que genera ese trabajador medido por el precio de los bienes o servicios que contribuye a producir y, muy importante, la productividad de ese trabajador.

Pero, además, el ingreso total de la actividad tiene que al menos cubrir el costo total, es decir, que la decisión no solo depende de los costos laborales sino de todos los costos, lo que incluye costo de la energía, costos bancarios, costo de los demás servicios, carga tributaria, etcétera.

¿Qué es lo que trato de decir? Que a veces la productividad de Don Carlos no alcanza para cubrir todos los costos. Y ahí tiene que tomar una decisión: o reduce los costos o no abre (o cierra) la empresa. Y una de las tantas alternativas es reducir los costos laborales. O contratando trabajadores que le facturan o, en el límite, si aun así la productividad no alcanza, evadiendo todas las cargas sobre el trabajo. Es eso o la no existencia.

Un blanqueo tiende a bajar los costos para la empresa desde el momento en que disminuye las penalidades de ser detectado. Pero no baja permanentemente los costos (ni laborales ni de los otros) ni tampoco aumenta los ingresos, ya que no contribuye a la productividad.

A eso se suma que la Ley Bases redujo fuertemente los costos por indemnización en caso de trabajadores informales. Y creó instrumentos que habilitan, hasta cierto número, trabajadores en relación de dependencia que facturen. No era de esperar, entonces, resultados mejores de los que se encontraron con el blanqueo.

La autora es Economista Senior de FIEL. Esta nota se publicó en Indicadores de Coyuntura N° 677 que elabora la Fundación FIEL