Cuando se trata de proteger nuestros datos personales, Europa sigue a la vanguardia, con su Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que ya ha cumplido ocho años. Pero ¿qué pasa en Latinoamérica? ¿Es descabellado pensar en una ley panregional de protección de datos?
En la región, como es lógico, las normativas de protección de datos varían significativamente de un país a otro. A fecha del presente artículo, de los veinte países con mayor población de América (exceptuando Estados Unidos y Canadá), catorce cuentan con una normativa de protección de datos: Argentina, Brasil, Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. En otras palabras, la mayor parte de la población latinoamericana dispone de algún tipo de protección normativa en materia de protección de datos. Esto refleja la importancia a la protección de datos personales que otorgan los países de la región, en mayor o menor medida y a pesar de la gran diversidad cultural, histórica y política existente.
¿Y si hablamos de homogeneización regulatoria?
Uno de los principales problemas en Latinoamérica es la falta de armonización entre las diferentes normativas nacionales (donde existen). Esto crea desafíos para las empresas que operan en múltiples países, ya que deben dedicar recursos para diseñar un plan de cumplimiento con un mosaico de regulaciones. Adicionalmente, no se debe dejar de lado el hecho de que, salvo contadas excepciones, tanto la implementación de las normativas entre las empresas, como las acciones sancionadoras y de control por parte de las autoridades son laxas, sea por falta de recursos, capacitación insuficiente o prioridades establecidas.
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