La corrupción sigue siendo uno de los mayores obstáculos para el desarrollo y la estabilidad en América Latina. Las instituciones públicas en la región enfrentan retos significativos para combatir el soborno y mejorar la transparencia. Según un informe de Transparencia Internacional (2023), América Latina ha visto un incremento en los casos de corrupción en los últimos años, con un 66% de los ciudadanos percibiendo la corrupción como un problema grave en sus gobiernos locales (Transparencia Internacional, 2023).

Los datos indican que las prácticas corruptas afectan gravemente la calidad de los servicios públicos y la confianza ciudadana.

En países como México y Perú, la corrupción en el sector público ha resultado en la desviación de fondos destinados a infraestructura y servicios esenciales. Un estudio de la Universidad de Buenos Aires (2023) muestra que el 45% de los contratos públicos en la región están asociados con prácticas corruptas, afectando proyectos clave en áreas como educación y salud (Universidad de Buenos Aires, 2023).

Además, un informe del Banco Mundial destaca que la falta de mecanismos efectivos de control y auditoría contribuye a la persistencia de la corrupción en los gobiernos locales. Solo el 38% de las entidades públicas en América Latina tienen sistemas de auditoría interna robustos, lo que limita su capacidad para detectar y prevenir el soborno (Banco Mundial, 2023). La falta de transparencia y los sistemas de rendición de cuentas deficientes son problemas persistentes que requieren atención urgente.

En muchos casos, la corrupción no solo afecta a las instituciones públicas, sino también a los ciudadanos que dependen de servicios esenciales. La desconfianza en las autoridades y la percepción de que el sistema es injusto pueden llevar a una menor participación cívica y a una mayor desilusión con la política. Por ejemplo, en Colombia, un informe del Instituto de Estudios Políticos y de Relaciones Internacionales (IEPRI, 2023) revela que el 54% de los ciudadanos creen que el soborno es una práctica común en las instituciones locales, lo que refleja un profundo escepticismo sobre la integridad de los servicios públicos (IEPRI, 2023).

Para abordar estos problemas, es crucial que los gobiernos locales adopten prácticas y estándares que fortalezcan la transparencia y la integridad. Una herramienta clave en esta lucha es la norma ISO 37001, un sistema de gestión anti-soborno diseñado para prevenir, detectar y abordar el soborno en las instituciones públicas y privadas. Esta norma establece requisitos claros para la creación de un sistema de gestión anti-soborno, incluyendo políticas anti-soborno, la formación de una función de cumplimiento, y la implementación de controles financieros y no financieros adecuados.

La adopción de la norma ISO 37001 ofrece una estructura sólida para combatir la corrupción, ayudar a mitigar riesgos y promover una cultura de ética y transparencia. En países como Brasil y Chile, la implementación de esta norma ha mostrado resultados positivos al reducir los riesgos de soborno y mejorar la reputación de las instituciones públicas. Estos beneficios no solo ayudan a prevenir la corrupción, sino que también fortalecen la confianza pública en las administraciones locales.

En conclusión, enfrentar la corrupción y mejorar la transparencia en los gobiernos locales es un desafío crucial para América Latina. La implementación de la norma ISO 37001 puede ser una herramienta eficaz para promover una administración más ética y transparente. Al adoptar esta norma, los gobiernos locales pueden mejorar significativamente su capacidad para combatir el soborno y fomentar una cultura de integridad.

El autor es director regional de G-Certi Global Certification