En América Latina, la corrupción sigue siendo uno de los mayores desafíos que enfrentan las administraciones públicas. Esta problemática no solo afecta la eficiencia de los servicios gubernamentales, sino que también erosiona la confianza ciudadana y desvía recursos vitales para el desarrollo.

La corrupción tiene un impacto económico devastador en la región. Según un informe del Banco Mundial publicado en 2023, la corrupción cuesta a los países de América Latina cerca del 2% del PIB anual. Un ejemplo alarmante es el caso de Perú, donde la corrupción en los proyectos de infraestructura ha generado pérdidas de hasta 12 mil millones de dólares en sobrecostos y desviaciones de fondos durante la última década, según un estudio del Instituto de Defensa Legal (IDL).

En México, el impacto de la corrupción es igualmente preocupante. Un informe de Transparencia Internacional revela que el país perdió aproximadamente 50 mil millones de dólares en 2022 debido a la corrupción, una cifra que representa el 4% de su PIB. Estas pérdidas no solo afectan la calidad de los servicios públicos, sino que también inhiben el crecimiento económico y el desarrollo social.

La corrupción a nivel local también tiene consecuencias profundas. En Argentina, el escándalo de los “Cuadernos de las Coimas” expuso un esquema de corrupción que involucró pagos ilegales por un valor superior a los 160 millones de dólares en contratos de obra pública. Este tipo de corrupción no solo desvió recursos destinados a mejorar la infraestructura, sino que también socavó la confianza pública en las instituciones locales.

La falta de transparencia y controles adecuados facilita la perpetuación de estas prácticas corruptas, afectando la capacidad de las autoridades municipales para ofrecer servicios esenciales de manera efectiva. En Ecuador, la corrupción en la administración pública ha llevado a la desviación de fondos destinados a proyectos de salud y educación, impactando negativamente en el bienestar de la población.

Para abordar estos problemas, es fundamental que las municipalidades implementen mecanismos robustos para la gestión anticorrupción. Una herramienta efectiva en este sentido es la norma ISO 37001, que proporciona un marco claro para la prevención y detección del soborno y otras prácticas corruptas. La norma ISO 37001 establece directrices específicas para desarrollar políticas anti-soborno, realizar auditorías periódicas y ofrecer capacitación continua al personal. Esto incluye la implementación de controles internos rigurosos, la creación de canales seguros para reportar sospechas de soborno, y la realización de evaluaciones de riesgo para identificar áreas vulnerables.

En la práctica, la adopción de ISO 37001 ayuda a las municipalidades a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Aunque no elimina completamente el riesgo de corrupción, proporciona un marco sólido para gestionar y reducir significativamente estos riesgos. Esto fomenta una cultura de ética y responsabilidad dentro de las instituciones públicas, ayudando a restaurar la confianza de los ciudadanos.

La corrupción sigue siendo un desafío crítico para la administración pública en América Latina, con un impacto considerable en la gestión de recursos y la confianza ciudadana. Implementar sistemas efectivos de gestión anticorrupción, como la norma ISO 37001, puede ofrecer una solución valiosa para mejorar la transparencia y fortalecer la integridad en el sector público. Al adoptar estas prácticas, las municipalidades pueden avanzar hacia una administración más ética y eficiente, ganando la confianza de sus ciudadanos y promoviendo un desarrollo sostenible.

El autor es director regional de G-Certi Global Certification