El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) oficializó un cambio clave en la operatoria de traslados de productos vitivinícolas a granel. A través de la Resolución 33/2025, publicada en el Boletín Oficial, se derogó el uso obligatorio de los certificados de tránsito y se los reemplazó por un esquema digital de declaraciones juradas.

Hasta ahora, los traslados de vinos, mostos y otros productos a granel entre bodegas, fábricas, plantas de fraccionamiento, destilerías y manipuladores de alcohol etílico requerían un certificado físico rubricado por tres actores: el remitente, el transportista y el receptor.

Ese esquema, vigente desde 2019, implicaba tiempos administrativos adicionales y un manejo documental poco flexible frente a las necesidades logísticas actuales.

Con la nueva resolución, este requisito se elimina. En su lugar, el traslado deberá comunicarse de forma digital mediante una declaración jurada, realizada por el establecimiento remitente al inicio del movimiento. Allí se informarán datos esenciales para la trazabilidad: volumen, estado, tipo de producto, condición de homogeneización y análisis de alcohol y azúcar.

La norma determina que los establecimientos receptores podrán aceptar el producto de inmediato o en un plazo de hasta 30 días corridos desde la comunicación del traslado. Si no hay respuesta en ese período, el INV dará por confirmada automáticamente la recepción. Esta disposición evita cuellos de botella administrativos y permite una mayor fluidez en los movimientos, al tiempo que garantiza la trazabilidad mediante el registro digital.

El sistema contempla, además, la posibilidad de solicitar controles oficiales de trasvase por parte del INV, con el objetivo de deslindar responsabilidades en caso de observaciones sobre la calidad del producto. Se trata de un mecanismo adicional de respaldo para los actores de la cadena.

La simplificación normativa representa un avance para la logística vitivinícola. El traslado de vino a granel es un eslabón sensible dentro de la cadena de valor, ya que conecta etapas de producción y fraccionamiento y, en muchos casos, es el paso previo a operaciones de exportación.

Al eliminar el certificado de tránsito en papel y habilitar un esquema ágil de comunicación digital, las bodegas y plantas industriales reducen tiempos administrativos, costos asociados al cumplimiento documental y riesgos de errores de carga manual. Además, el sistema digital facilita la interoperabilidad con otros registros oficiales, lo que abre la puerta a futuras integraciones con plataformas de comercio exterior.

La industria vitivinícola argentina destina una parte significativa de su producción a mercados externos. En este contexto, la eficiencia en los traslados internos influye directamente en la competitividad internacional.

Un esquema más simple y confiable de trazabilidad contribuye a sostener estándares de calidad exigidos por los países importadores, que demandan garantías sobre el origen y el control de los productos. Al mismo tiempo, la automatización administrativa libera recursos humanos y económicos que pueden orientarse a la planificación logística y a la internacionalización del sector.

La resolución se enmarca en un proceso más amplio de modernización administrativa y digitalización de la gestión pública. El propio INV señaló que la medida responde a la necesidad de “disminuir la carga burocrática sobre los inscriptos”, en línea con nuevas políticas públicas que apuntan a simplificar trámites y fortalecer la competitividad de las economías regionales.

La derogación de la Resolución Nº 12/2019 marca, además, un punto de inflexión en la forma en que se gestionan los traslados de productos vitivinícolas, trasladando el foco desde la documentación en papel hacia la información digitalizada y la responsabilidad compartida entre remitentes y receptores.

A partir de la entrada en vigencia de la norma, las bodegas y demás establecimientos deberán adaptar sus sistemas internos para garantizar la carga correcta de datos en las declaraciones juradas. Si bien el nuevo esquema reduce requisitos, también incrementa la responsabilidad sobre la calidad y veracidad de la información transmitida.

Las infracciones al régimen serán sancionadas bajo lo dispuesto en la Ley 14.878, lo que implica un marco de control estricto pese a la mayor flexibilidad operativa.

En conclusión, la Resolución 33/2025 introduce una modernización esperada en la logística vitivinícola: menos trámites en papel, mayor agilidad en los traslados, trazabilidad digital reforzada y un impacto positivo en la competitividad de una de las cadenas agroindustriales emblema de Argentina.