Con la incorporación de Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein al intercambio con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el pacto configura un mercado de 300 millones de personas y un PIB conjunto de 4,3 billones de dólares.

Para el sector logístico, esto implica mayor volumen de intercambio y la necesidad de ajustar capacidades portuarias, aduaneras y de transporte multimodal. La supresión de aranceles a productos industriales y pesqueros desde Mercosur hacia la EFTA, por ejemplo, generará un incremento en la demanda de transporte marítimo especializado y en la coordinación documental para exportaciones sensibles.

El acuerdo beneficiará al 97% de las exportaciones de ambos bloques. Desde el Mercosur, sectores como carnes, café, etanol y vino accederán con mayores facilidades al mercado europeo. En paralelo, los países sudamericanos deberán prepararse para un ingreso escalonado de productos industriales europeos, con un horizonte de hasta quince años de desgravación arancelaria.

Estos movimientos exigen un rediseño de las cadenas de suministro:

• Exportadores agrícolas y agroindustriales necesitarán asegurar trazabilidad, certificaciones fitosanitarias y adaptación a cuotas de exportación.
• Importadores industriales deberán proyectar estrategias de almacenamiento, distribución y abastecimiento ante la gradual apertura del mercado regional a bienes europeos de alto valor agregado.

La logística portuaria y terrestre será clave para absorber estos cambios sin cuellos de botella, especialmente en un contexto donde la infraestructura sudamericana aún enfrenta desafíos de modernización.

Uno de los puntos innovadores del acuerdo es la exigencia de sostenibilidad para los servicios digitales. Solo las plataformas y prestadores que operen desde países con al menos un 67% de su matriz energética proveniente de fuentes renovables podrán acceder a beneficios. Esto condiciona el desarrollo de hubs tecnológicos y centros de datos en la región, que deberán alinearse con prácticas responsables.

Desde la óptica logística, esta cláusula marca un precedente: la eficiencia de las cadenas de suministro no se medirá solo en costos y tiempos, sino también en el impacto ambiental y energético asociado. En paralelo, la incorporación de capítulos sobre reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, y obstáculos técnicos al comercio refuerza la necesidad de digitalizar procesos aduaneros y fortalecer la interoperabilidad documental entre los bloques.

La firma del acuerdo con la EFTA consolida la estrategia del Mercosur de reposicionarse en el comercio internacional tras una década con escasos avances. En poco más de un año, el bloque cerró acuerdos con Singapur y la EFTA, y avanza en negociaciones con la Unión Europea, Emiratos Árabes, Canadá, Japón, India, Vietnam e Indonesia.

Para los operadores logísticos, esto significa insertarse en una red cada vez más diversificada de corredores comerciales. La diversificación de destinos exige soluciones más complejas en términos de transporte intercontinental, seguros de carga, compliance regulatorio y coordinación entre operadores públicos y privados.

El acuerdo Mercosur–EFTA no solo abre mercados: exige un salto de calidad en infraestructura, conectividad y servicios logísticos. Las cadenas de suministro deberán adaptarse a mayores volúmenes, productos más variados y requisitos más estrictos de trazabilidad y sostenibilidad.

Si los países del Mercosur logran acompañar la apertura con inversiones en puertos, corredores viales, sistemas aduaneros y digitalización, el tratado puede convertirse en un catalizador de competitividad. De lo contrario, el riesgo es que las oportunidades comerciales se vean limitadas por ineficiencias logísticas.

En definitiva, el acuerdo no solo reafirma el multilateralismo en un contexto global marcado por tensiones y proteccionismo. También plantea un test decisivo para la logística regional: transformar la apertura comercial en cadenas de suministro ágiles, sustentables y preparadas para un mercado global cada vez más exigente.