La audiencia inicial en la que María Amparo Casar, presidenta de la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), escucharía formalmente la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR) fue pospuesta por orden judicial. Sin embargo, el caso contra ella por presunta obtención indebida de una pensión vitalicia en el esquema de Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue abierto y en trámite ante el sistema de justicia federal.
La jueza de control encargada del caso, Diana Selene Medina Hernández explicó que la audiencia no procedió porque las técnicas de investigación que sustentan la acusación contra la académica fueron autorizadas por otro juez de Distrito con sede en el Reclusorio Norte. Por ello, esto último hace que ese juzgador sea el competente para conocer del caso
En su acuerdo, la jueza explicó que: “se ordena devolver la solicitud de audiencia inicial a la Fiscalía; en la inteligencia que se dejan a salvo sus derechos para que la presente ante la autoridad que conoció los hechos”.
Esto para hacer referencia a las técnicas de investigación identificadas como 224/2024 y 315/2024, las cuales fueron autorizadas por el juez Gerardo Alarcón López en 2024 en el Reclusorio Norte.
Además, la resolución judicial señala que la audiencia originalmente programada debe quedar sin efecto y que, si la FGR decide insistir en la acción penal contra la exjefa de asesores en el gobierno de Vicente Fox Quesada, deberá volver a presentar su solicitud ante la autoridad que previamente conoció de los actos de investigación.
Motivos de posponer la acusación contra María Amparo Casar
La decisión de la jueza Medina Hernández se basa en el principio jurídico de competencia judicial. Es decir, se implica que el tribunal que autorizó las diligencias de investigación es el que debe conocer de la causa penal. En este caso, las técnicas de investigación –incluida una intervención de comunicaciones y un ingreso a un lugar sin autorización judicial– fueron autorizadas por un juez distinto, lo que obligó a corregir la ruta del caso legal.
Sobre esta situación, la jueza ordenó que la carpeta de investigación regrese a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FECC) para que, en su caso, solicite una nueva audiencia inicial ante el juez competente.
Según se explica, este tipo de decisiones buscan resguardar el debido proceso, ya que un juzgador distinto al que emitió los actos de investigación podría ser considerado incompetente para evaluar la legalidad de los mismos si se presentaran irregularidades durante la audiencia de imputación.
Las acusaciones y el origen del caso Márquez Padilla en 2004
El expediente contra María Amparo Casar se inició en 2024 cuando la FGR abrió una carpeta de investigación por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades, derivado del cobro de una pensión vitalicia otorgada por Pemex tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, funcionario de la petrolera fallecido en 2004.
Las autoridades federales argumentan que la pensión no debió otorgarse debido a que Márquez Padilla habría cometido “suicidio”, lo que, de acuerdo con las normas internas de Pemex, no daba derecho a una pensión de ese tipo.
La carpeta de investigación fue judicializada en septiembre de este año. Desde entonces, la FGR ha afirmado que analiza a fondo la indagatoria para verificar que haya sido integrada conforme a derecho,
Sobre esa misma línea, la institución federal de procuración de justicia descartó que exista persecución política o consigna en torno a la denuncia. “es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna”, declaró en un comunicado oficial sobre el caso a través de su cuenta oficial de X.
Próximos pasos en el proceso judicial
Con la audiencia inicial cancelada, la FGR deberá decidir si insiste en presentar la audiencia de imputación ante el juez competente en el Reclusorio Norte. Si lo hace, se programará una nueva fecha para que Casar escuche formalmente los cargos que se le imputan y se determine si procede a vinculación a proceso.
Mientras tanto, el caso continúa abierto y sin una resolución definitiva sobre la imputación, lo que prolonga la incertidumbre sobre el avance de la causa penal, la valoración de las pruebas y las posibles consecuencias legales para María Amparo Casar y otros implicados.
