
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Durango obtuvo una sentencia condenatoria contra el exalcalde de San Juan del Río, Jaime Escajeda Martínez, después de acreditarse su responsabilidad penal en el delito de peculado. El fallo judicial se logró mediante un procedimiento abreviado, figura legal a la que el exfuncionario recurrió al reconocer los hechos imputados y aceptar su culpabilidad.
La resolución judicial impuesta considera 1 año, 11 meses y 29 días de prisión. Aunado a ello, fue acreedor a una multa económica y la obligación de pagar la reparación del daño por 174 mil pesos, monto que, según la autoridad, ya fue reintegrado al Ayuntamiento de San Juan del Río.
Cabe destacar que el caso se deriva de presuntos actos de corrupción cometidos durante su administración municipal 2019-2022, periodo en el que se habrían malversado recursos provenientes de bienes municipales.

Corrupción e irregularidades en la venta de terrenos municipales
De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público, Escajeda Martínez recibió recursos derivados de la venta de terrenos propiedad del Ayuntamiento, pero nunca los reportó a la Tesorería Municipal. Dicha omisión, señala la Fiscalía, configuró un desvío de recursos públicos al operar sin transparencia y fuera de los mecanismos institucionales de registro y control.
Las diligencias comenzaron tras ejecutarse una orden de aprehensión en 2024, misma que derivó en su puesta a disposición y posterior judicialización del caso. La autoridad anticorrupción detalló que el esquema irregular afectó de manera directa la hacienda municipal, evidenciando el uso discrecional de bienes públicos y la ausencia de mecanismos contables que garantizaran el destino legítimo del dinero obtenido.
Cierre – Un fallo ejemplar, pero de bajo impacto penal
Con la sentencia firme, el exalcalde queda sujeto a internamiento, sanción económica y resarcimiento del daño, aunque para sectores ciudadanos y especialistas en rendición de cuentas, la pena es moderada para un delito que involucra recursos públicos municipales.

Pese a ello, el expediente se suma a los casos que integran la política de persecución a actos de corrupción en Durango, donde la autoridad insiste en que cada resolución judicial fortalece la confianza institucional y la legalidad en el servicio público.
Jaime Escajeda Martínez se convirtió así en uno de los exfuncionarios municipales sentenciados por desvío de recursos en el estado, un proceso que, según la Fiscalía, envía un mensaje directo: la corrupción en ayuntamientos será judicializable, sancionable y rastreada, incluso años después de concluida la gestión


