La propuesta de instalar sistemas de videovigilancia en escuelas pública es impulsada por la diputada María Graciela Gaitán Díaz del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien busca incorporar esta medida en la Ley General de Educación como parte de una estrategia integral de seguridad y protección para la comunidad educativa.
La iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Educación, plantea que la Secretaría de Educación Pública (SEP) deba incluir en sus lineamientos para la construcción, equipamiento y mantenimiento de planteles la instalación de cámaras de circuito cerrado o en tiempo real en patios, accesos a baños y áreas de tránsito común.
Estos dispositivos estarían conectados tanto al centro de comando escolar como al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) correspondiente, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.
El funcionamiento de estos sistemas quedaría sujeto a los lineamientos que establezcan las autoridades competentes en materia de privacidad y protección de datos personales.
Gaitán Díaz argumenta que las escuelas constituyen el segundo espacio de convivencia más relevante para niñas, niños y adolescentes, lo que hace imprescindible asegurar entornos seguros, libres de violencia y que resguarden la integridad física, emocional y psicológica de los menores.
La diputada cita el estudio Entornos escolares seguros (SEP, 2023), elaborado por la Subsecretaría de Educación Básica, que enfatiza la urgencia de reforzar las acciones preventivas para proteger a la comunidad educativa.
El diagnóstico presentado en la iniciativa advierte que la prevalencia del acoso y la violencia escolar en México se mantiene en niveles alarmantes.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el país ocupa el primer lugar en casos de bullying en educación básica.
Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reporta que siete de cada diez estudiantes han sufrido algún tipo de violencia en el entorno escolar. Organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia han alertado que estas situaciones afectan de manera grave el rendimiento académico y la salud mental de los estudiantes.
La diputada reconoce que, aunque existen protocolos escolares para la detección de riesgos, ingreso seguro, manejo de crisis y mecanismos de denuncia, estos esfuerzos no han logrado frenar el aumento de incidentes violentos.
Por ello, considera urgente adoptar medidas tecnológicas proporcionales y respetuosas de los derechos humanos que permitan prevenir agresiones, identificar responsables y actuar de manera oportuna.
La propuesta se encuentra alineada con los artículos 3, 4 y 16 de la Constitución mexicana, que establecen la obligación del Estado de garantizar una educación integral en espacios seguros y libres de violencia, así como proteger a la infancia mediante medidas de seguridad adecuadas que no vulneren la privacidad.
Además, la iniciativa cita tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que comprometen al Estado mexicano a adoptar acciones efectivas para prevenir la violencia escolar.
