En los puertos de Tampico, Altamira y Veracruz, el olor a combustible ya no siempre delata una fuga en un ducto. Hoy proviene de buques que descargan miles de litros de diésel amparados por facturas electrónicas falsas y empresas fantasma que operan desde la sombra. El viejo huachicol de los ductos perforados ha mutado: ahora se roba el país desde los servidores.
Lo que antes requería una pipa y una manguera, hoy necesita una red de cibercriminales, contadores y funcionarios corruptos. El llamado huachicol fiscal se ha convertido en un negocio más rentable y menos visible, un fraude aduanal y tecnológico que, según estimaciones oficiales, le cuesta al erario más de 177 mil millones de pesos al año.
El robo de combustible ya no es solo una operación clandestina en campo abierto, sino una estrategia cibernética en la que participan organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo (CDG). Estas estructuras criminales aprendieron a moverse con soltura en los sistemas digitales del Estado mexicano: suplantan identidades fiscales, falsifican CFDI, manipulan GPS, hackean bases de datos y usan criptomonedas para lavar dinero.
La delincuencia entendió algo que el gobierno apenas comienza a asimilar: la frontera del crimen ya no está en el territorio, sino en la red.
El cierre de ductos por parte de Pemex y la militarización de las zonas huachicoleras desde 2019 no eliminaron el delito, solo lo empujaron hacia el mar y el ciberespacio. Los grupos criminales ahora importan combustible de manera ilegal desde Estados Unidos, Asia o Europa, declarando volúmenes falsos o usando documentación apócrifa para evadir impuestos y aranceles.
En marzo de 2025, la Marina decomisó en Tampico el buque Challenge Procyon, con 10 millones de litros de diésel ilegal respaldados por 555 facturas electrónicas falsas. La operación reveló la dimensión digital del fraude: acceso indebido a los sistemas del SAT, robo de credenciales y manipulación de registros oficiales.
El dinero del huachicol fiscal no se guarda bajo el colchón. Se mueve mediante transferencias SPEI, apps fintech y criptomonedas, con una agilidad que deja atrás a la fiscalización tradicional. En 2024, la OFAC estadounidense sancionó a 26 personas y empresas mexicanas por lavar ganancias del huachicol fiscal. El mensaje fue claro: el crimen organizado mexicano aprendió a usar la banca digital mejor que el propio Estado.
Es un hecho, el CJNG ya no necesita del narcotráfico para sostenerse, pues el huachicol fiscal es su fuente principal de ingresos no relacionados con drogas.
El control del mercado también se ejerce por medios digitales. Gasolineras que se niegan a comprar combustible ilegal reciben amenazas por WhatsApp, doxxing de sus dueños o ataques de ransomware que paralizan sus sistemas. En Jalisco y Veracruz, el CJNG ha usado inteligencia cibernética para identificar rutas de distribución, empresas competidoras y funcionarios susceptibles de soborno o intimidación.
Ya no es necesario llegar con armas; basta con un mensaje cifrado o una intrusión a distancia.
El huachicol fiscal tampoco existiría sin el respaldo —o la omisión— de funcionarios que abren puertas electrónicas al crimen. En mayo de 2025, la Secretaría de Hacienda reconoció que el crecimiento de este fenómeno responde a una “infiltración criminal en instituciones clave”.
La corrupción ha cambiado de forma: el maletín con dinero fue reemplazado por un token de acceso, un usuario y una contraseña.
Los decomisos en Tampico, Altamira, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Ensenada muestran la magnitud del problema. Pero mientras las autoridades se concentran en inspeccionar buques, los cárteles ya perfeccionan su dominio sobre las redes logísticas y los sistemas digitales.
El gobierno anunció un plan de vigilancia aduanal digital, con auditorías en tiempo real y el uso de inteligencia artificial para detectar irregularidades. Sin embargo, expertos advierten que la burocracia avanza más lento que la innovación criminal. “Mientras el SAT siga siendo un castillo con puertas abiertas, el huachicol fiscal no solo persistirá: se perfeccionará”, advierte la unidad de investigación de SILIKN.
El huachicol fiscal 2.0 es el retrato de un país que sigue persiguiendo delincuentes en los ductos, cuando el verdadero robo ocurre en la nube. Es el crimen del siglo XXI: físico en su ejecución, digital en su diseño, global en su alcance.México está librando una guerra en dos frentes: en los puertos y en los servidores. Y mientras el Estado busca cerrar válvulas, los cárteles ya aprendieron a navegar —no solo en alta mar, sino también en el ciberespacio.
* Víctor Ruiz. Fundador de SILIKN | Emprendedor Tecnológico | NIST Cybersecurity Framework 2.0 Certified Expert (CSFE) | (ISC)² Certified in Cybersecurity℠ (CC) | Cyber Security Certified Trainer (CSCT™) | EC-Council Ethical Hacking Essentials (EHE) | EC-Council Certified Cybersecurity Technician (CCT) | Cisco Ethical Hacker & Cybersecurity Analyst | Líder del Capítulo Querétaro de OWASP.
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