En la Ciudad de México, la presencia de cámaras de videovigilancia ha alcanzado un nivel sin precedentes en el continente americano. Con más de 83,000 dispositivos públicos en funcionamiento, la capital mexicana se ha consolidado como la urbe más vigilada de América, superando a ciudades como Nueva York, que cuenta con 71,000 cámaras. Sin embargo, a pesar de esta infraestructura tecnológica, la inseguridad y la percepción de riesgo entre los habitantes persisten, según reportó Wired.
El despliegue del sistema de videovigilancia en la Ciudad de México ha experimentado un crecimiento acelerado desde 2009, cuando se instalaron las primeras 8,000 cámaras. Para 2018, la cifra apenas alcanzaba las 15,000, pero en 2019 se elevó a 43,000 y en 2022 superó las 49.000. Actualmente, en 2025, el número de cámaras en operación asciende a 83,414, con más de 30,000 adicionales en proceso de instalación. El objetivo del gobierno local es llegar a 150,000 cámaras para 2030, lo que mantendría a la ciudad como líder regional en videovigilancia, con casi el doble de dispositivos que Nueva York y el triple que Chicago o Río de Janeiro.
El sistema, gestionado por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5 CDMX), integra 16,460 Sistemas Tecnológicos de Videovigilancia (STV) y 17,629 tótems equipados con cámaras, botones de auxilio y torretas de alerta. Cada STV puede albergar hasta cinco lentes y una cámara de alta resolución, lo que permite una visión de 360 grados. Además, el C5 opera como un búnker de atención a emergencias, con funcionamiento continuo y la presencia de representantes de 29 instancias federales y locales, coordinando líneas de atención como el 911, el 089 para denuncias anónimas y servicios especializados.
La modernización del sistema ha implicado la sustitución de equipos obsoletos y la incorporación de tecnología avanzada. Las nuevas cámaras, adquiridas mediante una inversión de 345 millones de pesos, incluyen funciones como visión nocturna, detección de personas y vehículos, resistencia a condiciones extremas y sistemas antivandálicos. Según Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5, el 98% de los dispositivos opera correctamente cada día, y en 2024 se destinaron 354 millones de pesos al mantenimiento preventivo y correctivo.
A pesar de este despliegue, la cobertura de las cámaras públicas solo alcanza un tercio del territorio de la ciudad. Guerrero Chiprés explicó a Wired que la presencia de videocámaras se concentra en 20,000 de las más de 63,000 manzanas de la capital, lo que obliga a promover la participación ciudadana mediante la instalación de cámaras privadas en domicilios y negocios. El funcionario recomendó que “todas las personas privadas compren cámaras, que todos los negocios tengan cámaras, si es posible, que adquieran cámaras compatibles tecnológicamente con los del C5, para ampliar la red de videovigilancia y que esta tarea no sea solamente del gobierno central, sino que pueda ser también de toda la comunidad, como ocurre en algunas ciudades de Europa como Londres”.
El impacto de la videovigilancia en la seguridad pública es relevante en términos de apoyo a las investigaciones judiciales. De acuerdo con datos del C5, el 25% de las carpetas de investigación abiertas en la ciudad utiliza grabaciones de las cámaras gubernamentales como evidencia. Cada día, se abren en promedio 640 carpetas de investigación, y el C5 recibe alrededor de 160 solicitudes diarias de grabaciones para ser presentadas ante las autoridades judiciales. Guerrero Chiprés aconsejó que “cuando algo sucede vayan a abrir la carpeta y al siguiente día soliciten las videopruebas porque [sin carpeta de investigación] no podrán acceder a esta información”.
No obstante, la eficacia del sistema enfrenta retos importantes. La Ciudad de México registra la mayor tasa de incidencia delictiva del país, con 54,473 delitos por cada 100.000 habitantes, y una percepción de inseguridad del 75,6%, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2025. Aunque las autoridades sostienen que la presencia de cámaras incrementa la confianza ciudadana, los datos muestran que la sensación de riesgo permanece elevada.
La integración de cámaras privadas en la estrategia de seguridad también presenta riesgos. Wired documentó que, en ocasiones, grupos delictivos instalan equipos de grabación en infraestructura pública para vigilar y anticipar operativos de las fuerzas de seguridad, lo que obliga a las autoridades a desmantelar estos dispositivos de forma regular.
En el plano ético y legal, la expansión de la videovigilancia plantea desafíos complejos. La doctora Carmina Jasso López, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advirtió en su libro “La ciudad videovigilada” que el monitoreo constante puede vulnerar derechos fundamentales como la privacidad, la protección de datos personales y la no discriminación. Según la académica, “los operadores de cámaras emplean una serie de marcadores altamente estereotipados y cuestionables relacionados con la edad, raza, vestimenta y conducta de un ciudadano para identificar a las personas que merecen atención especial”.
En México, no existe un marco jurídico nacional específico para regular la videovigilancia; las operaciones se rigen por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y otras normas de seguridad pública. Guerrero Chiprés aseguró a Wired que estos límites éticos están definidos por la legislación vigente, aunque la falta de una regulación específica sigue siendo motivo de debate.
La experiencia internacional ofrece modelos y advertencias. En Londres, por ejemplo, se estima que hay entre 600,000 y 900,000 cámaras, la mayoría instaladas por particulares, y una persona puede ser filmada hasta 300 veces al día. Este modelo de colaboración público-privada es el que las autoridades de la Ciudad de México buscan replicar, aunque reconocen que la vigilancia total es inalcanzable sin la participación activa de la comunidad.
De cara al futuro, la discusión sobre la videovigilancia en la Ciudad de México se inscribe en un debate global sobre el equilibrio entre seguridad y libertades individuales. Iniciativas como la Carta para el Uso Democrático de la Videovigilancia, impulsada por el Foro Europeo de Seguridad Urbana y adoptada por varios países europeos, buscan armonizar la protección ciudadana con el respeto a los derechos fundamentales, un desafío que la capital mexicana enfrenta en su camino hacia una ciudad más segura y vigilada.
