La diputada Elena García Martínez, integrante del grupo parlamentario de Morena en la Legislatura del Estado de México, presentó una iniciativa para incorporar en la Constitución local el derecho a la protección de la salud y, simultáneamente, establecer la prohibición expresa de toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares.
En la misma propuesta se buscaría evitar la producción, distribución y comercialización de sustancias tóxicas, precursores químicos, fentanilo de uso ilícito y demás drogas sintéticas.
La propuesta legislativa plantea adicionar un nuevo párrafo al artículo correspondiente de la Constitución estatal con el propósito de garantizar que la entidad salvaguarde el derecho humano de todas las personas a la protección de la salud.
Propuesta llega casi al límite permitido
García Martínez recordó que, el pasado 17 de enero de 2025, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma constitucional federal que obliga a sancionar toda actividad vinculada con dispositivos para fumar alternativos como vapeadores, así como la producción, distribución y comercialización de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, incluida aquella vinculada al fentanilo ilícito.
Dicha disposición, subrayó, también establece la prohibición de profesiones, industrias y comercios relacionados con estos productos.
La congresista señaló que, a partir de la entrada en vigor de la reforma federal, las entidades federativas cuentan con un plazo de 365 días naturales para adecuar sus propias normas y dar cumplimiento al nuevo mandato constitucional, razón por la cual consideró urgente impulsar esta armonización desde el Congreso mexiquense.
Durante la sesión deliberante, la legisladora advirtió que el consumo de drogas continúa siendo un problema social complejo que genera graves consecuencias en la salud y el comportamiento de las personas.
Particularmente, dijo que los llamados vapeadores —dispositivos que calientan líquidos y producen aerosoles inhalables— se han popularizado entre jóvenes y adolescentes pese a que no existe regulación sobre su fabricación ni control de calidad en los insumos utilizados.
Esta situación, afirmó, representa un riesgo directo al permitir la exposición de la población a sustancias adictivas baratas y accesibles.
Respecto al fentanilo, García Martínez alertó que su uso ilícito ha provocado una crisis de salud en diversos países, debido a su alta potencia y rápida capacidad de adicción, por lo que México debe actuar con responsabilidad para prevenir un escenario similar en el territorio nacional.
Finalmente, detalló que, de aprobarse la iniciativa, el Congreso del Estado de México contará con un plazo máximo de 180 días naturales para emitir las leyes secundarias.
