La reciente visita de la gobernadora Tere Jiménez Esquivel al Centro de Reinserción Social Varonil, (Cereso) de Aguascalientes se produjo en un contexto marcado por la preocupación tras una riña entre internos que dejó a tres de ellos con lesiones graves.
La mandataria estatal, acompañada por altos funcionarios de seguridad y justicia, recorrió las instalaciones del centro penitenciario y dialogó tanto con los internos como con sus familiares, a quienes aseguró que se garantizarán condiciones dignas y el respeto a los derechos humanos durante su estancia.
La presencia de la gobernadora se realizó un día después de la riña que dejó a tres reos heridos, lo que subrayó la importancia de su intervención directa en el Cereso.
Junto a Jiménez Esquivel estuvieron el secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo; el Fiscal General del Estado, Manuel Alonso García; el secretario general de Gobierno, Antonio Arámbula López; el director general de Reinserción Social, Jonás Chávez Marín; y el director del propio Cereso para Varones de Aguascalientes, Sergio Zúñiga.
Esta comitiva permitió una supervisión integral de la operatividad del centro, donde la gobernadora constató que las diferentes áreas funcionaban en condiciones normales.
Durante el recorrido, la mandataria escuchó los planteamientos de los internos y de sus familiares, quienes expresaron sus inquietudes y necesidades. En este contexto, Jiménez Esquivel reiteró su compromiso de mantener una comunicación permanente y un trabajo coordinado con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, enfatizando el cumplimiento de la ley y el respeto a las normas que rigen la vida interna del centro penitenciario.
La gobernadora subrayó que el objetivo es preservar el orden, el control y la disciplina dentro del Cereso, garantizando así la seguridad y el bienestar de quienes se encuentran privados de la libertad.
La riña registrada dentro del Centro de Reinserción Social Varonil (Cereso), resultó en tres internos lesionados, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.
Este hecho se produjo apenas un día después de otro altercado entre personas privadas de la libertad, lo que evidencia una escalada de tensiones dentro del penal. Además, las familias de los internos han denunciado en medios de comunicación que hay cobros de cuotas que pueden alcanzar los seis mil pesos. De acuerdo con los testimonios, si estos se niegan a pagar dicha cantidad de dinero, los internos presuntamente son golpeados entre varios sujetos, además, mencionaron que estas extorsiones son realizadas por integrantes de un grupo delincuencial, del que no revelaron el nombre.
Estas denuncias apuntan a la presencia de mecanismos de extorsión y control económico dentro del centro penitenciario, lo que añade una dimensión adicional a la problemática de seguridad.
