Diversas auditorías realizadas a la gestión municipal anterior arrojó resultados que generan preocupación entre las autoridades actuales, pues se identificaron observaciones financieras que en conjunto superan los 6 mil 139 millones de pesos durante los ejercicios fiscales 2022 y 2023, mientras gobernaba Marco Antonio Rodríguez.
Las revisiones incluyeron al gobierno Municipal, al Sistema DIF local y al Organismo Público Descentralizado de Agua, Alcantarillado y Saneamiento (OPDM), informó el actual alcalde, Raciel Pérez Cruz.
Pérez Cruz señaló que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) documentó 98 observaciones, las cuales representan un monto pendiente de aclaración por 3 mil 76 millones 110 mil 800 pesos.
Estas observaciones abarcan posibles irregularidades en contrataciones, manejo presupuestal y operación de programas públicos.
La ASF hizo observaciones
En cuanto a los recursos federales utilizados en la administración pasada, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó 13 observaciones que podrían derivar en sanciones administrativas, con un probable impacto económico de 160 millones 940 mil 303 pesos. Se trata de recursos provenientes de fondos nacionales que deben comprobarse estrictamente.
Asimismo, se informó que la revisión del auditor externo encontró inconsistencias financieras adicionales por 1 mil 231 millones 267 mil 078 pesos, mientras que el Órgano Interno de Control del municipio detectó presuntos actos de responsabilidad administrativa por 1 mil 670 millones 881 mil 572 pesos.
El consolidado de las cuatro instancias fiscalizadoras refleja un monto total observado de 6 mil 139 millones 199 mil 753 pesos, mismos que actualmente forman parte de procesos de aclaración, seguimiento y sanción.
Denuncias penales y falsificación de firma
Como parte de las medidas derivadas de la auditoría, se han interpuesto ya 14 denuncias penales contra exfuncionarios señalados por daño al patrimonio del municipio. Las querellas fueron presentadas ante las autoridades correspondientes para determinar responsabilidades y recuperar recursos públicos en caso de confirmarse los hechos.
Por otra parte, se identificaron más de 40 expedientes de contrataciones públicas que fueron validados mediante la supuesta falsificación de la firma del exdirector de Administración, lo que representa un posible delito grave en el ámbito del servicio público.
El perjuicio económico derivado de esos documentos asciende a 300 millones 559 mil 044 pesos con 10 centavos.
El gobierno municipal afirmó que estos reportes marcan el inicio de un proceso de fiscalización continuo, en el que se dará puntual seguimiento a cada observación hasta agotar las vías legales.
