México enfrenta una creciente ola de violencia política que ha puesto en alerta a las instituciones de seguridad y a las autoridades locales.
Tan solo en los últimos 12 meses, diez presidentes municipales en funciones han sido asesinados en distintos estados del país, en ataques que, según especialistas, evidencian la fragilidad del poder local frente al control territorial y la presión del crimen organizado.
El caso más reciente ocurrió el pasado 1 de noviembre, cuando el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez (Independiente), fue atacado a balazos mientras se encontraba en un evento del Festival de las Velas por las festividades de Día de Muertos.
Su homicidio se suma a una lista que refleja un fenómeno que no da tregua y que se concentra, principalmente, en entidades como Guerrero, Oaxaca y Michoacán.
De acuerdo con registros y reportes estatales, esta cadena de atentados inició el 6 de octubre de 2024, con el asesinato de Alejandro Arcos Catalán (PRI), presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero. El mandatario fue ejecutado y decapitado, tras concluir una actividad pública en la capital guerrerense, uno de los municipios más afectados por la violencia criminal.
Días después, el 15 de octubre de 2024, perdió la vida Román Ruiz Bohórquez (Morena), edil de Candelaria Loxicha, Oaxaca, quien fue atacado con un arma blanca dentro de su propio domicilio. Este crimen generó indignación entre la población, debido al nivel de vulnerabilidad con el que fue sorprendido el mandatario local.
La violencia continuó ese mismo año. El 15 de diciembre de 2024, Jesús Franco Lárraga (Morena), alcalde de Tancanhuitz, San Luis Potosí, fue emboscado y asesinado a balazos cuando circulaba en su vehículo sobre la carretera Tamazunchale–Ciudad Valles, a la altura de la comunidad Palmira, en una zona donde operan células del crimen organizado.
2025 cerrará como uno de los más violentos para alcaldes
Ya en 2025, la situación se agravó. El 15 de mayo, Mario Hernández García (Morena), presidente municipal de Santiago Amoltepec, Oaxaca, fue emboscado y ejecutado en un camino rural conocido como “El Tablero”, ubicado en las inmediaciones de la comunidad de El Mamey.
El 2 de junio de 2025, murió por heridas de bala Isaías Rojas Ramírez (PT), alcalde de Metlatónoc, Guerrero, tras permanecer varios días hospitalizado luego de ser atacado en un túnel de la Autopista del Sol, una de las principales vías del estado y foco de recurrentes hechos delictivos.
Apenas tres días después, el 5 de junio, fue acribillado Salvador Bastida García (PRD), edil de Tacámbaro, Michoacán, cuando circulaba por la calle Fuerte de Loreto, en la cabecera municipal, en un hecho que provocó tensión entre autoridades federales y estatales por el creciente asedio criminal en la entidad.
Ese mismo mes, el 15 de junio, fue asesinada Lilia Gema García Soto (Morena), alcaldesa de San Mateo Piñas, Oaxaca, junto con un representante comunitario, tras un asalto armado al palacio municipal.
Dos días después, el 17 de junio de 2025, también fue ejecutada Martha Laura Mendoza Mendoza (Morena), presidenta municipal de Tepalcatepec, Michoacán, junto con su esposo. Tepalcatepec es un municipio que por años ha sido escenario de disputas entre grupos criminales rivales.
Posteriormente, el 20 de octubre de 2025, la violencia resurgió con el homicidio de Miguel Bahena Solórzano (PRI), presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo. El ataque ocurrió cuando regresaba a su domicilio, sin que hasta el momento las autoridades hayan confirmado líneas claras de investigación.
Un nivel de gobierno en la mira del crimen
Expertos en temas de seguridad consideran que los municipios son el nivel de gobierno más vulnerable en la estructura institucional del país, debido a que los alcaldes suelen tener bajo resguardo y son directamente responsables de áreas estratégicas para la operación criminal, como la policía local, los permisos comerciales y la obra pública.
Alertan que la violencia política está estrechamente ligada a la disputa criminal por el territorio, lo que convierte a los alcaldes en blanco prioritario para grupos ilegales que buscan cooptar o someter a las autoridades.
Ante este panorama, especialistas urgen a reforzar la protección y los protocolos de seguridad para funcionarios municipales, especialmente en zonas de alto riesgo, con el fin de evitar que esta tendencia continúe escalando y debilitando aún más la gobernabilidad en México.
