El arresto de Víctor Álvarez Puga en Estados Unidos marcó un giro en la larga trama judicial que involucra a su esposa, Inés Gómez Mont.
La exconductora se convirtió en prófuga de la justicia mexicana desde 2021, junto con su esposo, tras acusaciones de delincuencia organizada, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito.
A siete días de la detención, nuevas revelaciones y filtraciones periodísticas han perfilado un expediente que se mueve entre la frontera de la justicia internacional y la protección familiar.
Así fue la detención de Víctor Álvarez Puga
En un operativo realizado en septiembre en Miami, Florida, donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) capturaron a Álvarez Puga.
De forma paralela, Gómez Mont, que se hallaba en el país con sus siete hijos, no fue arrestada, una decisión que, según detalló el periodista Luis Chaparro en entrevista con Infobae México, obedeció a “un criterio discrecional y poco común” por parte de las autoridades, al no contar la presentadora con una red de apoyo que garantizara el cuidado de los menores.
La huida y el destino incierto de Inés Gómez Mont
Luego del fallido operativo y tras varias semanas de incertidumbre, Inés Gómez Mont y sus hijos salieron de Estados Unidos. De acuerdo con reportes filtrados en redes, la familia viajó a Dubái tras intentar, sin éxito, obtener asilo político en un país que no tenga tratado de extradición con México.
La decisión de huir respondió a la posibilidad de quedar en situación migratoria irregular y enfrentar una situación jurídica delicada en territorio estadounidense.
La presentadora y el empresario habrían buscaron antes refugio en Las Bahamas y más tarde intentaron ingresar a Israel, sin lograrlo. La elección de Dubái responde a su estatus geográfico, aunque un acuerdo de extradición firmado en enero de 2016 entre México y los Emiratos Árabes Unidos compromete la estabilidad de su estancia.
La extradición y el futuro judicial de Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno mexicano solicitaría formalmente la extradición de Víctor Álvarez Puga si las autoridades estadounidenses lo deportan.
El empresario enfrenta acusaciones de delincuencia organizada, defraudación fiscal y enriquecimiento ilícito en una causa donde la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) lograron rastrear movimientos millonarios hacia cuentas de Álvarez Puga y su esposa.
Agentes migratorios detectaron irregularidades en el ingreso a Estados Unidos de ambos prófugos. Los informes recabados por Luis Chaparro revelan que declararon arribar por vía aérea, aunque terminaron entrando por vía marítima, hecho que generó sospechas y habilitó el accionar de las autoridades de migración en septiembre.
El próximo 12 de noviembre, un juez federal en Estados Unidos deberá resolver si Víctor Álvarez Puga puede obtener la libertad bajo fianza o si permanece detenido con vistas a un eventual proceso de extradición.
Los giros detrás de la detención y la filtración clave en el caso Puga -Mont
La periodista Jorge Carbajal, titular de En Shock, sostuvo que la localización y captura de Álvarez Puga se facilitó gracias a la información brindada por su expareja, Marycarmen López.
Narró que, antes del operativo, López contactó a los abogados de Inés Gómez Mont y exigió un depósito de 100 millones de pesos, así como la utilización de un avión privado para facilitar su huida, a cambio de no revelar el paradero del empresario.
La defensa habría rechazado la propuesta, tras lo cual López proporcionó los datos que desembocaron en la intervención del ICE. Esta versión añade un componente de negociación intrafamiliar y presión económica en la saga judicial.
Ante el arresto inminente, Gómez Mont y Álvarez Puga optaron por dividir los domicilios para proteger a sus hijos, estrategia que contribuyó a que solo el empresario fuera arrestado en septiembre, mientras que la exconductora pudo abandonar el país.
La reciente detención del empresario coloca el caso ante un posible desenlace judicial internacional, mientras las autoridades mexicanas se preparan para formalizar las solicitudes de extradición y búsqueda internacional.
Actualmente, las miradas están puestas en la audiencia del 12 de noviembre, en la que un juez estadounidense definirá la situación legal del empresario y abrirá un nuevo capítulo en este proceso.
