Suena rimbombante, sin embargo, en los círculos políticos y financieros de México, el nombre de Víctor Manuel Álvarez Puga resuena con un eco similar al de los grandes capos del narcotráfico. Salvo una enorme diferencia: su imperio no se construyó con drogas, sino con facturas falsas, contratos simulados y una red de empresas fantasma que, durante años, drenaron recursos públicos.
Hoy, su figura se ha convertido en lo que analistas llaman “una moneda de cambio” entre México y Estados Unidos, atrapado entre la política y la justicia de ambos países.
El “Caso Querubines”
La Fiscalía General de la República (FGR) lo tiene en la mira desde 2019. Todo comenzó con el llamado “Caso Querubines”, que reveló la simulación de contratos con la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Los fondos, supuestamente destinados a mejorar cárceles, terminaron en empresas de papel.
La FEMDO, dependencia especializada en delincuencia organizada, rastreó el dinero y descubrió que parte había ido a parar a cuentas de Álvarez Puga y su esposa, la exconductora Inés Gómez Mont.
El economista y periodista Luis Miguel González, en entrevista con Mario Ávila Roque, trazó un perfil preciso: “En Álvarez Puga encarnan todas las leyendas de la evasión fiscal. Compró la casa de Cher en Miami, tenía una vida de película y se volvió el rostro de un delito colectivo”, explicó.
Según González, el fenómeno de las factureras no pertenece a un solo gobierno. “Cada sexenio personifica el delito en alguien”, señaló al tiempo que hizo un símil entre Álvarez Puga y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán o ‘El Mayo’ Zambada’ como el rostro más visible de una organización para defraudar al fisco.
En el frente judicial, la historia dio días después de hacerse pública la detención del empresario, cuando el periodista Mario Maldonado reveló en El Universal que Álvarez Puga podría obtener la libertad bajo fianza en Estados Unidos para mantener su asilo político.
El empresario, detenido en Miami por irregularidades migratorias, contrató a la poderosa firma Kurzban, Kurzban, Tetzeli & Pratt P.A., la misma que ha defendido a figuras latinoamericanas en casos de alto perfil.
Los registros públicos en Florida muestran una vida de lujo sostenida con estructuras financieras complejas. A través de Casa Mia Pinecrest Corp. y 4985 Stables LLC, la pareja adquirió propiedades valuadas en más de 11 millones de dólares, que ahora forman parte de una demanda civil para rastrear su fortuna.
Para Raymundo Riva Palacio, columnista de El Financiero, la captura de Álvarez Puga “es una ecuación política”: “México necesitaba mostrar avances contra los factureros del viejo régimen y Estados Unidos le devolvió un favor. Pero el arresto fue por su estatus migratorio, no por delitos financieros. Es un gesto simbólico más que judicial”, escribió.
La detención, afirma Riva Palacio, responde a una presión directa desde la presidencia de Claudia Sheinbaum, frustrada por la falta de resultados en los casos heredados de Alejandro Gertz Manero. Pero más allá de las presiones políticas, el caso expone una cloaca fiscal que involucra a políticos del PRI, PAN, PVEM y Morena, además de exgobernadores de Chiapas, Oaxaca y Puebla.
De vender tortas a ser vecino de Elton John
El origen del llamado “El Chapo de las factureras” es tan insólito como su ascenso. Nacido en Chiapas, Álvarez Puga comenzó vendiendo tortas junto a su hermano Rafael en Tapachula. Riva Palacios sostiene que, bajo el cobijo del fiscalista Sergio Castro, aprendió a manipular los vacíos del outsourcing y los convirtió en un sistema de lavado que movía miles de millones de pesos.
Hoy, mientras su caso se define en una corte de Miami, el empresario se mantiene en un limbo político y judicial. Si colabora con la FGR, podría convertirse en testigo cooperante y abrir un nuevo capítulo de corrupción que alcance incluso a miembros del actual régimen.
