Las autoridades de seguridad en Sinaloa han aceptado que los centros penitenciarios del estado, lejos de ser espacios controlados, se convirtieron en “campos de batalla” entre facciones del Cártel de Sinaloa, advirtió el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).
De acuerdo con el coordinador general del organismo, Miguel Calderón Quevedo, la autogobernanza de los penales es un problema que se arrastra desde hace varios años, particularmente en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.
“El conflicto, que ya tiene poco más de un año en Sinaloa, tiene diferentes campos de batalla, y uno de ellos son los penales en general y el de Aguaruto en particular.
“Hay una aceptación de la autoridad de que está dividido el penal en dos grandes áreas, y esas áreas tienen internos de una facción y de otra”, declaró Calderón Quevedo para medios de comunicación.
El funcionario sostuvo que la situación dentro de los reclusorios es tan grave que los reos “no se fugan porque no quieren”, al existir condiciones de control interno por parte de Los Chapitos (facción perteneciente a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera) y La Mayiza (facción del hijo de Ismael El Mayo Zambada).
Culiacanazo, falta de presupuesto y riñas como causas probables de la autogobernanza del crimen organizado en penales de Sinaloa
Además, Calderón Quevedo recordó que parte de la consolidación de este poder criminal, fueron los hechos del 17 de octubre de 2019 y el 5 de enero de 2023, fechas en las que se registraron intentos de fuga y enfrentamientos relacionados con el Culiacanazo.
Estos hechos también surgen tras una serie de revisiones recientes en los penales del estado, donde las autoridades han asegurado armas, objetos prohibidos y artefactos explosivos, además de registrarse riñas que han dejado reos muertos y lesionados.
Uno de los hechos violentos más recientes, ocurrió el 17 de octubre de este año cuando un enfrentamiento en el Penal de Aguaruto dejó un interno muerto y tres heridos.
Calderón Quevedo planteó que la situación es tan grave, que el Penal de Aguaruto debería cerrarse debido a que su infraestructura y sistema operativo resultan obsoletos frente a las necesidades actuales, aunque reconoció que las limitaciones presupuestales del estado impiden una solución inmediata.
“Necesitamos cerrarlo y aperturar uno nuevo. Interpretamos que es un tema presupuestal, que no alcanza el dinero que tiene Sinaloa como para pensar cerrar ese penal y abrir uno nuevo, pero al menos deberían aplicar algunas técnicas de reingeniería”, afirmó Calderón Quevedo.
Finalmente, el coordinador del CESP propuso reconfigurar el funcionamiento y las operaciones de los penales como una vía alterna para reducir la autogobernanza y los conflictos internos, tomando como referencia modelos de reestructuración aplicados en otros estados, como el cierre del Penal de Topo Chico, en Nuevo León.
