Las empresas fantasma y el uso de prestanombres forman parte de un esquema recurrente de corrupción en México que ha permitido el desvío de miles de millones de pesos del erario, la evasión fiscal y el lavado de dinero. Aunque su existencia puede parecer lejana para el ciudadano común, su operación está presente en todos los niveles de gobierno y sectores económicos, afectando directamente la transparencia, la legalidad y el desarrollo del país.
Una empresa fantasma —también conocida como empresa fachada, de papel o facturera— es una entidad legalmente registrada ante instancias oficiales como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Secretaría de Economía (Economía), pero que no tiene actividad comercial real. No cuenta con empleados, infraestructura ni domicilio operativo, aunque sí posee los documentos necesarios para emitir facturas y simular operaciones económicas.
Estas empresas se utilizan para justificar gastos inexistentes, desviar recursos públicos, ocultar el origen de fondos ilícitos o reducir la base imponible del impuesto sobre la renta. En muchos casos, su único propósito es emitir facturas por servicios o productos que nunca se prestaron ni entregaron.
¿Cómo operan las empresas fantasmas con prestanombres?
El funcionamiento de estas entidades se basa en la simulación. Por ejemplo, una dependencia pública puede contratar a una empresa fantasma para realizar obras de pavimentación, remodelación o compra de insumos. Aunque el contrato y la factura existen, el servicio no se presta o se realiza con estándares mínimos, muy por debajo del monto pagado.
En el sector privado, estas empresas permiten a otras compañías deducir gastos ficticios, ocultar utilidades o lavar dinero. El dinero fluye a través de transferencias bancarias entre empresas fantasma, dificultando el rastreo de su origen y destino.
¿Quiénes están detrás?
Detrás de cada empresa fantasma hay personas con nombres y apellidos. Sin embargo, en muchos casos, los socios o representantes legales son prestanombres: individuos que ceden sus datos personales para figurar como dueños o accionistas sin tener control real sobre la empresa ni beneficiarse directamente de sus operaciones.
Los prestanombres suelen ser personas de escasos recursos, con empleos informales, sin referencias laborales ni personales y, en ocasiones, beneficiarios de programas sociales. Su vulnerabilidad los convierte en blancos fáciles para quienes buscan ocultar su identidad y deslindarse de responsabilidades legales.
Riesgos legales para los prestanombres
Aunque no sean los verdaderos beneficiarios, los prestanombres pueden enfrentar consecuencias legales graves. Al figurar como responsables fiscales y legales de la empresa, pueden ser acusados de delitos como evasión de impuestos, fraude o lavado de dinero. Además, están expuestos al robo de identidad y a asumir deudas ajenas.
En México, la ley no aplica de forma equitativa, y cuando se descubren estos esquemas, los primeros en ser señalados suelen ser los prestanombres, quienes enfrentan procesos judiciales sin haber recibido beneficios reales.
Casos emblemáticos: de la “Estafa Maestra” de Peña Nieto a “Segalmex” de AMLO
La “Estafa Maestra” es uno de los casos más conocidos. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se desviaron más de 7 mil millones de pesos a través de 128 empresas fantasma, muchas de ellas contratadas por universidades públicas para realizar servicios que nunca se llevaron a cabo.
Otro ejemplo es el caso de Segalmex, donde se detectó un desfalco superior a los 11 mil millones de pesos mediante contratos irregulares con empresas fantasma vinculadas a operadores políticos y empresarios que ahora desarrollan proyectos inmobiliarios de lujo.
¿Cómo detectarlas?
Las empresas fantasma comparten ciertas características que permiten identificarlas:
- Creación reciente y sin trayectoria comprobable
- Falta de presencia física o actividad comercial real
- Uso de direcciones falsas o inexistentes
- Socios sin perfil empresarial, muchas veces prestanombres
- Operan en red con otras empresas ficticias para simular transacciones cruzadas
El SAT ha desarrollado mecanismos para combatir estas prácticas, como auditorías, plataformas de verificación de contribuyentes y canales de denuncia ciudadana. Además, se han implementado reformas legales para identificar beneficiarios reales y sancionar el uso indebido de entidades corporativas.
¿Qué hace el gobierno contra estas “entidades paranormales”?
El SAT ha reforzado su estrategia anticorrupción con medidas como:
- Auditorías fiscales y revisión de operaciones sospechosas
- Sanciones económicas y penales a quienes participan en esquemas ilícitos
- Plataformas digitales para verificar la autenticidad de empresas
- Colaboración internacional para rastrear transacciones y beneficiarios finales
Sin embargo, la lucha contra las empresas fantasma sigue siendo un desafío constante. La sofisticación de los esquemas, la colusión entre autoridades y operadores, y la falta de protección para los prestanombres dificultan la erradicación de estas prácticas.
