María Teresa Castro Corro, exsecretaria de Planeación y Finanzas del gobierno de Puebla durante la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta, fue sancionada por el Poder Judicial del Estado tras ser hallada responsable del desvío de más de 600 millones de pesos del erario, invertidos de forma irregular en Accendo Banco, una institución financiera que quebró en 2021.
La resolución fue emitida por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, que determinó que Castro Corro incurrió en abuso de funciones y violación a los principios de responsabilidad administrativa.
Como consecuencia, se le impuso una multa de 362 millones 997 mil 678 pesos con 99 centavos y una inhabilitación por 20 años para ocupar cargos públicos.
El fallo también alcanzó a José Enrique Girón Zenil, exsubsecretario de Egresos, quien formaba parte del mismo equipo financiero durante el sexenio de Barbosa Huerta.
La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Alejandro Espidio Reyes, aclaró en un comunicado oficial que esta resolución no obedece a una persecución política, sino a un proceso legal sustentado en las leyes estatales y federales.
“En Puebla no hay persecución, pero tampoco omisión. La justicia y la integridad pública no tienen colores ni excepciones”, sostuvo la dependencia en un comunicado oficial.
Agregó que el gobierno actúa “con determinación y respeto al Estado de derecho” cada vez que se detecta un posible delito o conducta indebida.
Miguel Barbosa y escándalos de corrupción
Durante el mandato de Luis Miguel Barbosa Huerta (2019-2022), Teresa Castro Corro fue considerada una de las funcionarias de mayor confianza del exgobernador, al tener bajo su control la administración de las finanzas estatales.
Sin embargo, tras la muerte de Barbosa y con la llegada de Sergio Salomón Céspedes Peregrina al Ejecutivo estatal, salieron a la luz diversas irregularidades financieras, entre ellas la inversión de 604 millones de pesos en Accendo Banco, que derivó en un hoyo financiero de más de 600 millones.
El nuevo gobierno interpuso denuncias penales y administrativas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Anticorrupción de Puebla, argumentando daño al erario. Aunque el proceso penal continúa, el Poder Judicial ya resolvió la parte administrativa.
Castro Corro renunció en 2023, poco después de comparecer ante el Congreso local por las inversiones fallidas.
Ese mismo año, se reveló que también se habrían destinado más de 4 mil millones de pesos a la empresa “Fondika”, aunque en ese caso el recurso fue recuperado.
Tras dejar el gobierno de Puebla, la exfuncionaria se incorporó como asesora a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y actualmente labora en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
La sanción impuesta a Castro Corro representa uno de los casos más relevantes de presunta corrupción heredados del barbosismo.
