Durante el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, las autoridades federales lograron asegurar más de 98 millones de litros de hidrocarburo robado en 26 entidades del país, como parte de la estrategia nacional para combatir el llamado “huachicol”.
De acuerdo con un informe del Gabinete de Seguridad, el operativo más relevante se llevó a cabo en el estado de Tamaulipas, donde se decomisaron 10 millones de litros de diésel y fueron detenidas 15 personas en diversas entidades, entre ellas empresarios y servidores públicos presuntamente vinculados con redes delictivas dedicadas al robo y comercialización ilegal de combustibles.
Más de mil tomas clandestinas clausuradas
El documento detalla que, a lo largo de los últimos doce meses, las autoridades identificaron y clausuraron mil 938 tomas clandestinas, muchas de ellas acondicionadas con material rudimentario para sustraer combustible directamente de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Estas estructuras, ubicadas principalmente en los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Edomex, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, representan un alto riesgo para las comunidades debido al potencial de explosiones o derrames.
Asimismo, se informó que el fortalecimiento de la seguridad y la vigilancia en zonas estratégicas del país ha permitido el aseguramiento de Además, se localizaron y clausuraron mil 938 tomas clandestinas; y se aseguraron tres mil 80 contenedores, mil 656 tractocamiones, mil 433 bidones y 129 ferrotanques, todos ellos utilizados por grupos criminales para el transporte y almacenamiento del combustible sustraído de manera ilegal.
“El mercado ilícito de hidrocarburos constituye un delito de alto impacto y una afectación económica significativa para el país, por lo que se han robustecido las acciones operativas y de inteligencia para desmantelar a las organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos”, señaló el Gabinete de Seguridad.
El gobierno federal subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para reducir las pérdidas financieras de Pemex y recuperar la seguridad en las zonas más afectadas por el huachicol, una práctica que durante años ha representado miles de millones de pesos en daños a la economía nacional.
Con los resultados obtenidos, las autoridades federales reiteraron su compromiso de mantener la vigilancia permanente y sancionar a quienes participan en esta red delictiva, fortaleciendo así el combate a la corrupción y la impunidad que durante años permitieron la expansión del robo de combustibles en México.
