La memoria de un asesinato familiar sigue marcando al exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, quien en una reciente entrevista reconstruyó el dolor, el miedo y las decisiones políticas tomadas en medio de la guerra contra Los Zetas.
En entrevista con el periodista Óscar Balderas para el podcast “Esquina Balderas, Rubén Moreira contó que, cuando asumió la gubernatura de Coahuila en diciembre de 2011, el estado atravesaba uno de los periodos más violentos de su historia.
Los Zetas habían afianzado su presencia en la región, operando con extrema violencia y extendiendo su control a policías municipales, cárceles y negocios en toda la entidad. En ese contexto, Moreira heredó el cargo envuelto en deudas, con una administración debilitada y relaciones tensas con el gobierno federal de Felipe Calderón.
Ya instalado en el poder, Moreira descubrió hasta dónde habían llegado las redes de Los Zetas. Las estructuras criminales tenían tan controladas a las autoridades que incluso prácticas como la llamada “clave Sierra 92” —detenciones arbitrarias a jóvenes forasteros bajo sospecha de ser rivales del cártel— eran operadas por las propias fuerzas municipales. El gobernador confirmó que la infiltración era profunda y que el Estado mexicano no estaba preparado para enfrentar a estos grupos.
Desde el arranque se implementó una estrategia multidimensional: depuración de policías, pruebas de confianza, cambios de funcionarios, alianzas con empresarios voluntarios y cierres de negocios. Se priorizó afectar el flujo de dinero del grupo criminal con el cierre de casinos, palenques, deshuesaderos, venta ilegal de alcohol y maquinitas tragamonedas.
“Teníamos que ir tras el dinero con el que financiaban su operación cotidiana”, explicó Moreira. Las cárceles, dominadas por los Zetas, se convirtieron en un foco rojo: tras la fuga de 132 internos en Piedras Negras, el gobierno reforzó el control y centralizó a los reos.
Una amenaza y la fatal llamada
El ambiente de inseguridad no solo era institucional. Rubén Moreira enfrentó amenazas personales concretas. Relató cómo el cónsul estadounidense en Monterrey en ese tiempo lo contactó para advertirle de un complot en su contra orquestado por Los Zetas.
“Me dijeron: lo van a matar el viernes en Piedras Negras. Los Zetas van a sustituir sus camionetas. Está todo preparado”, narró. Atendió el consejo y reforzó su seguridad personal. Días después, presionaron para que también evitara otro viaje a esa ciudad por una alerta similar.
El día del asesinato de su sobrino Eduardo, hijo de Humberto Moreira, Rubén Moreira se encontraba en la Ciudad de México. Al inicio de la jornada, hubo rumores de un enfrentamiento en Piedras Negras. El político comentó que incluso otra persona le informó y le comentó, en medio de la confusión, que la persona asesinada podría ser “un sobrino de uno de los Zetas”.
Como era habitual, Moreira continuó con su agenda. De pronto, mientras se dirigía hacia Toluca—recuerda con nitidez la ubicación, “donde están las curvas, todavía no estaba la autopista de ahora”—recibió una llamada. Era un alcalde con el que había hablado en la mañana y lo saludó, sin anticipar la noticia que vendría a continuación: “Mataron a Lalo, mataron a Lalo”.
En ese primer instante, Moreira no imaginó que se referían a su sobrino. Pensó automáticamente en un alcalde llamado Eduardo, porque él también era una persona amenazada y enfrentada al crimen. La situación cambió cuando el alcalde le dijo el lugar del suceso.
Ahí se despejó la confusión: “Y donde me dijo dónde estaba su cuerpo, dije: se trata de mi sobrino. Eduardo es hijo de un hermano mío que fue gobernador y había vivido conmigo aquí en la Ciudad de México un tiempo”. Recuerda a Eduardo como un muchacho cercano, que quería hacer política y por eso se había quedado en Coahuila.
A partir de ese momento, tuvo que afrontar la tarea más difícil: informar a su hermano que su hijo había sido asesinado. “Tengo que hablarle a su papá… ya te has de imaginar cómo se puso”, recuerda, reconociendo el dolor y la conmoción que sacudió a la familia.
La familia pidió a Moreira que no estuviera presente en el velorio, dada la complejidad y la sensibilidad del momento. Él permaneció en Palacio de Gobierno acompañado de algunos colaboradores, mientras se realizaba el sepelio en Acuña, a más de 500 kilómetros de Saltillo.
La versión de venganza
El asesinato de José Eduardo Moreira, hijo del exgobernador Humberto Moreira, ocurrió el 3 de octubre de 2012 y estuvo relacionado con un acto de venganza de Los Zetas. El mismo día, durante un enfrentamiento entre el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) y miembros del cártel, murió Alejandro Treviño Chávez, sobrino de Miguel Ángel Treviño Morales (‘Z40’), líder de la organización criminal. En represalia, Los Zetas amenazaron públicamente a la familia Moreira.
De acuerdo con reportes de la época, la orden de asesinar a José Eduardo provino presuntamente de Heriberto Lazcano, alias ‘El Lazca’, quien instruyó a sus colaboradores a coordinar la ejecución a través del subdirector de la Policía de Ciudad Acuña, Rodolfo Castillo Montes. José Eduardo, de 25 años, trabajaba como coordinador de la Secretaría de Desarrollo Social en ese municipio y fue citado bajo engaños por policías, entregado a sicarios y asesinado. Su cuerpo fue hallado horas después, al interior de un vehículo en una brecha cercana al ejido Santa Eulalia.
¿Valía la pena enfrentar a Los Zetas?
El asesinato de su sobrino no solo sumó otra víctima al saldo trágico de aquellos años: expuso la tensión constante entre la lucha institucional y la vulnerabilidad personal. “Había miedo de mucha gente, miedo que se repitió en el futuro, porque yo empecé a hablar de los criminales”, evocó.
Ese miedo rebasó el núcleo familiar y permeó el ánimo social. Parte de su familia, e incluso ciudadanos comunes, le reclamaron abiertamente si valía la pena confrontar a Los Zetas de manera tan frontal. “Ya no los cocoree, mire cómo está esto”, le dijo una señora en Saltillo. Algunos familiares consideraban que la escalada violenta era consecuencia de la estrategia estatal y que el costo era demasiado alto.
La violencia cotidiana impuso su propia rutina. Moreira compartió que, antes de salir de su habitación cada día, le dejaban un plano con los incidentes violentos de la jornada anterior. “El estado siempre estaba con bronca. La primera vez que el plano salió en blanco, dije: ‘Mira, la primera vez que está en blanco’”, rememoró.
En el tramo final de la conversación, Moreira reconoció que la paz no es una meta imposible y que la lucha contra el crimen organizado debe sostenerse a pesar de los riesgos y sacrificios. “La paz es posible”, insistió.
Admitió que el miedo persiste en algunos rincones de la entidad, pero defendió las medidas aplicadas y lamentó los recursos y apoyos que, a su juicio, han faltado desde el ámbito federal. “Siempre habrá retos, pero mientras no se claudique ni se pacte con la impunidad, las instituciones pueden recuperar el control”, dijo.
