A un día de que entre en vigor el aumento al transporte público en el Estado de México, la inconformidad entre los usuarios es generalizada.
La nueva tarifa mínima pasará de 12 a 14 pesos a partir del 15 de octubre, medida que ha sido rechazada por amplios sectores de la población, quienes consideran que los incrementos no se ve reflejado en mejoras del servicio.
Desde días previos a la entrada en vigor del ajuste, diversos usuarios han reportado que algunas rutas comenzaron a cobrar desde los 15 pesos, sin exhibir la pirámide tarifaria correspondiente, como lo establece la ley.
En ciertos casos, incluso señalan que los operadores cobran tarifas superiores sin ofrecer explicación alguna. Estas prácticas han sido calificadas como abusivas, ya que violan las disposiciones vigentes que obligan a transparentar los precios por distancia.
Las quejas no se limitan al costo. Ciudadanos de distintos municipios aseguran que la mayoría de las unidades continúan en pésimas condiciones: asientos rotos, fallas mecánicas constantes, ventanas selladas y ausencia total de limpieza.
Además, acusan que muchos vehículos ya rebasaron su vida útil y circulan sin la documentación en regla. Cabe recordar que cuando se autorizó el último incremento en 2020, una de las principales condiciones fue la renovación gradual del parque vehicular, promesa que —afirman— nunca se cumplió.
Renovar unidades y contar con cámaras de seguridad
El decreto oficial del aumento establece que antes del 31 de diciembre todas las unidades deberán portar la cromática MoviMex y contar con cámaras de videovigilancia actualizadas.
Ante ello, el secretario de gobierno, Horacio Duarte Olivares, dijo que la prioridad de esta alza es que se atienda en tema de la inseguridad en el transporte.
“Poner énfasis en la seguridad, todos hemos visto que el transporte público es una preocupación ha habido un número importante de accidentes donde se han visto involucrados, y con esta definición que se tomó, están obligados a que haya un mejor servicio y se cuide mucho el tema de la seguridad de los pasajeros”, destacó Duarte Olivares.
Sin embargo, usuarios y especialistas estiman que gran parte del transporte público difícilmente podrá cumplir con estos requisitos en tiempo y forma.
El tema de la seguridad no es nuevo: desde 2013, durante el gobierno de Eruviel Ávila, se planteó la instalación de cámaras y botones de pánico en todas las unidades, iniciativa que nunca se concretó.
Inconformes transportistas
Mientras los pasajeros rechazan el alza, desde el sector transportista también hay inconformidad, aunque por motivos distintos. Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) en el Estado de México, declaró que el aumento de 2 pesos “es apenas un respiro” ante la crisis que atraviesa el gremio.
“Estábamos hablando de un rescate de emergencia”, afirmó, al advertir que los costos de operación se han disparado.
En el terreno político, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Edomex se pronunció por revertir lo que denominó “tarifazo del bienestar” y propuso someter el incremento a consulta pública. Organizaciones ciudadanas también evalúan manifestaciones y recursos legales para frenar el alza.
El reto para las autoridades será encontrar un equilibrio entre la viabilidad económica del transporte y el derecho de los usuarios a un servicio digno, transparente y seguro. Por ahora, el malestar social es evidente, y el aumento, lejos de traer orden, amenaza con encender la inconformidad en uno de los servicios más sensibles para la población.
