En la sesión plenaria de este martes 14 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó con 345 votos en lo general la reforma a la Ley de Amparo, ya con la corrección solicitada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante su análisis y discusión en el Pleno, los legisladores presentaron alrededor de 300 reservas, las cuales fueron desahogadas en lo particular.
El nuevo dictamen elimina el artículo transitorio, aprobado de última hora por el Senado, que abre la puerta a la retroactividad y que fue considerado como violatorio de la Constitución.
No obstante, en una de las reservas, Morena busca reincorporar la retroactividad “light”, y establecer que con la reforma, la nueva ley se aplicará solamente a las etapas del juicio que aún no se han desahogado.
El dictamen original que se aprobó en lo general, establecía que el artículo tercero transitorio ahora estipula que los asuntos en curso a la entrada en vigor del Decreto seguirán bajo las disposiciones vigentes al momento de su inicio, sin embargo, falta que Morena decida si incorpora una modificación de última hora, tal como sucedió en el Senado.
De esta forma, la Cámara de Diputados devolverá el dictamen corregido al Senado de la República, donde los cambios deben ser avalados nuevamente.
Claves de la reforma a la Ley de Amparo
La reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo introduce modificaciones clave al régimen transitorio, estableciendo que los casos en trámite al momento de la entrada en vigor del decreto seguirán su curso “conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio”.
Esta disposición reemplaza la redacción previa que exigía la aplicación de las nuevas reglas a todos los asuntos pendientes.
El proyecto busca modernizar y armonizar los procedimientos del juicio de amparo, con el objetivo de garantizar un acceso a la justicia más ágil, transparente y eficiente.
Entre las medidas destacadas se encuentra la posibilidad de presentar promociones de manera electrónica, aunque esta modalidad no será obligatoria para las personas quejosas, quienes mantendrán la libertad de elegir el formato.
Además, se incorpora el uso de firma electrónica y notificaciones digitales, y se establece que las autoridades deberán contar con un usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial, lo que permitirá mejorar la eficiencia y la comunicación oficial.
La iniciativa también aborda problemas como la coexistencia de formatos físicos y electrónicos, que genera cargas, errores e inequidades, así como el uso abusivo de medios de defensa fiscales con fines dilatorios, lo que afecta tanto la recaudación como la seguridad jurídica.
Con estos cambios, se pretende dotar de certeza jurídica a las partes y revisar de manera integral las prácticas procesales para fortalecer el derecho de acceso a la justicia.
