La iniciativa presidencial para expedir la Ley General de Aguas y modificar la Ley de Aguas Nacionales fue publicada a través de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.
Este movimiento busca, según el documento oficial, consolidar y fortalecer la intervención estatal sobre la gestión de las aguas nacionales, marcando distancias respecto a enfoques anteriores que admitían una visión mercantil del recurso.
El texto presentado destaca que, al promulgar la Ley General de Aguas, se pretende responder al mandato constitucional que obliga a regular el ejercicio del derecho humano al agua.
“El Estado mexicano será el único responsable de regular el uso de agua”, resalta la iniciativa, que además prohíbe el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares. Toda concesión de agua que no se emplee conforme a sus fines deberá ser devuelta a Conagua, que determinará su redistribución.
La propuesta describe un nuevo esquema de responsabilidades distribuidas entre los tres niveles de gobierno, suprimiendo vacíos en la distribución de competencias.
Plantea reglas claras para autoridades federales, estatales y municipales, junto con un impulso decidido a fomentar la cultura del agua.
“Se busca generar conciencia sobre la importancia que tiene el agua para la vida y la dignidad de las personas, promover el uso racional y eficaz de este recurso”, detalla el documento, al tiempo que se apuesta por mayores mecanismos de participación social para su conservación y el reconocimiento de sistemas comunitarios de aguas.
Entre los cambios notables en la Ley de Aguas Nacionales, la iniciativa recalca el giro hacia una política en la que el agua deje de considerarse una mercancía comerciable.
En esa línea, se elimina la posibilidad de transferir derechos de agua entre particulares y se otorga prevalencia a la administración pública para regular el acceso y asignación del recurso.
Con ese objetivo, el Registro Público de Derechos de Agua evolucionará hacia un Registro Nacional del Agua, con la finalidad de ofrecer mayor transparencia y control sobre concesiones y asignaciones.
En materia agraria, la iniciativa fija criterios específicos para evitar distorsiones y asegurar que las concesiones cumplan el objetivo de garantizar la soberanía alimentaria y proteger los derechos de sus titulares.
Consolidando la vigilancia, el nuevo esquema plantea procedimientos más robustos para identificar usos irregulares, endureciendo tanto las obligaciones como el régimen de sanciones.
Además, se incorporan nuevas figuras al catálogo de delitos hídricos, reforzando las facultades sancionadoras de la autoridad.
La iniciativa añade el concepto de “responsabilidad hídrica” en el catálogo legal, con la meta de promover buenas prácticas entre usuarios concesionarios y asignatarios.
Bajo determinadas condiciones, ese comportamiento podría actuar como atenuante en procedimientos administrativos.
Adicionalmente, el proyecto modifica las reglas relativas al pago de cuotas de garantía, buscando erradicar prácticas de acaparamiento y orientando el suministro del agua hacia quienes demuestren necesidad real y uso legítimo del recurso.
Desde el Ejecutivo se enfatiza que todas estas medidas tienen como propósito brindar certeza jurídica a las personas usuarias, fortalecer la actuación de la autoridad y priorizar el interés general en el manejo del agua.
“Estas medidas permitirán recobrar la rectoría del Estado en el régimen del agua y tener una distribución más justa de este recurso vital, garantizando a las generaciones, presentes y futuras, el disfrute de este derecho fundamental”, concluye la exposición de motivos de la iniciativa presentada por Claudia Sheinbaum Pardo.
