“Nos apuntaron con armas, nos golpearon, nos amenazaron de muerte”, relataron integrantes del colectivo Madres en Resistencia Chiapas tras el desalojo violento que sufrieron frente a la Fiscalía General del Estado en Tuxtla Gutiérrez la tarde del 7 de octubre.
La agresión, captada en video y difundida en redes sociales, fue perpetrada por policías municipales e incluyó la presunta participación de agentes encapuchados y armados, según denunciaron las manifestantes, quienes acusan un intento deliberado de silenciar a las familias que buscan a sus desaparecidos.
De acuerdo con el comunicado de Madres en Resistencia Chiapas y reportes de medios locales, al menos siete mujeres resultaron agredidas durante la protesta que mantenían desde hacía tres días en el plantón instalado frente al órgano de justicia.
Las madres y familiares, acompañadas por víctimas de feminicidio, exigían acciones concretas de búsqueda y justicia para sus seres queridos. El 7 de octubre, la manifestación incluyó el bloqueo de las vías del libramiento norte, lo que derivó en un operativo policial en el que, según las denunciantes, los agentes emplearon la fuerza para desalojarlas, arrancaron sus lonas y las amenazaron con armas de fuego.
Las integrantes del colectivo responsabilizaron directamente a funcionarios estatales y municipales por la represión. En publicaciones en Facebook, señalaron al fiscal estatal Jorge Luis Llaven Abarca, al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, al titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) Oscar Aparicio Avendaño y al director de la policía municipal David Hernández Pérez como responsables de las órdenes para reprimirlas.
“Ayer llegaron a decir que por órdenes de Eduardo Ramírez, Llaven Abarca y Aparicio Avendaño para meternos en la cárcel y desaparecernos”, denunciaron a través de redes sociales. Además, exigieron la destitución de Hernández Pérez y la investigación de todos los elementos policiales involucrados.
Las demandas del colectivo, expresadas en su misiva, incluyen el cese inmediato de la represión, atención urgente y con resultados por parte del fiscal general, y protección efectiva para las familias buscadoras.
“No quieran callar a las familias buscadoras”, reclamaron, subrayando que su lucha no busca protagonismo, sino respuestas y justicia. Las madres también acusaron a la Fiscalía de omisión, simulación y uso político de la imagen de las víctimas, tras la difusión mediática de una fotografía de una reunión privada sostenida en septiembre.
“El Fiscal General miente al afirmar que se nos ha escuchado. Una fotografía no es prueba de diálogo; es prueba del uso político que le dan a las imágenes de las víctimas”, afirmaron en su pronunciamiento recogido por La Jornada.
También denunciaron la filtración de información sensible por parte de una funcionaria de la Fiscalía contra feminicidios, a quien responsabilizan de vulnerar los derechos de una madre al difundir fotografías de una carpeta de investigación.
“Nosotras no buscamos mesas de atención, buscamos justicia y verdad”, insistieron las manifestantes, quienes reiteraron su negativa a aceptar simulaciones institucionales.
La presencia de agentes armados fue documentada por un testigo, que reportó la participación de uniformados municipales, identificados por presuntas “armas de alto poder” y material antidisturbios.
“Es obvio que este desalojo fue una instrucción del gobierno del Estado”, sostuvo el colectivo, que respaldó la exigencia de las madres de realizar reuniones transparentes y públicas con las autoridades, ante la falta de resultados y la persistencia de omisiones.
Fiscalía de Chiapas rechaza acusaciones tras desalojo de madres buscadoras
En contraste, la Secretaría de Seguridad del Pueblo negó cualquier participación en el operativo. Oscar Aparicio Avendaño, titular de la SSP, aseguró en una videograbación que “la SSP no tuvo participación y tampoco hubo una instrucción del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar”, y reiteró el compromiso de la dependencia con el diálogo y la protección de los derechos humanos de los colectivos de búsqueda.
Por su parte, la FGE afirmó que la atención a las Madres en Resistencia “ha sido en todo momento de puertas abiertas” y que el fiscal general sostuvo recientemente una reunión con ellas para escuchar sus peticiones. La institución reiteró la invitación al diálogo y aseguró que mantiene una política de “Cero Impunidad” y cercanía con la población.
El respaldo social a las madres buscadoras se hizo visible durante el plantón, donde decenas de personas y al menos 42 colectivos firmaron el comunicado de apoyo. Estudiantes de la normal rural Mactumatzá también se sumaron a la protesta tras el desalojo, permitiendo que las manifestantes retomaran el bloqueo.
“Profundo agradecimiento a quienes están aquí en el plantón apoyando y abrazando nuestro dolor de angustia, desesperación, rabia, coraje y tristeza”, expresaron en redes sociales.
El contexto de la protesta se enmarca en una serie de omisiones institucionales que las madres han denunciado de manera reiterada. Según los reportes de la propia organización, la Fiscalía contra Desaparecidos había prometido acciones de búsqueda que no se han concretado, mientras que las autoridades son señaladas por revictimizar a las familias y filtrar información sensible.
Las madres insisten en que la justicia permanece cerrada para ellas, pese a los discursos oficiales de puertas abiertas y diálogo. “La Fiscalía General del Estado no puede hablar de puertas abiertas mientras mantiene cerrada la justicia. Las madres seguiremos firmes, resistiendo y denunciando”, afirmaron.
En medio de la represión y la exigencia de justicia, las madres buscadoras de Chiapas sostienen que su labor es una expresión de amor y de memoria, convencidas de que la búsqueda de sus seres queridos trasciende cualquier intento de silenciarlas.
