En una operación simultánea realizada en las 32 entidades federativas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró 26 Centros de Almacenamiento y Transformación de materias primas forestales (CAT) e incautó casi 3,800 metros cúbicos de madera, como parte de una estrategia nacional para combatir la tala ilegal y proteger los recursos forestales del país.
El operativo, que se llevó a cabo los días 25 y 26 de septiembre, contó con la participación de 702 elementos de seguridad y medio ambiente de los tres órdenes de gobierno, incluyendo la Guardia Nacional, la Sedena, la Semar, la Fiscalía General de la República, policías estatales y municipales, así como autoridades ambientales locales.
En total, se inspeccionaron 71 centros y se aseguraron 3,793.30 m³ de madera, 175 kilos de carbón vegetal, 47 herramientas de aserrío, 9 vehículos y 23 toneladas de carbón decomisadas.
Más detalles de los operativos
El operativo detectó múltiples irregularidades, desde la falta de permisos de funcionamiento hasta la ausencia de documentos que acreditaran la legal procedencia de la madera.
En estados como Chiapas, Michoacán, Durango, Veracruz y Puebla, se registraron las incautaciones más relevantes, con cientos de metros cúbicos de madera de especies como pino, encino y táscate, así como maquinaria industrial usada para el procesamiento ilegal de los recursos.
Uno de los casos más destacados se registró en Michoacán, donde en seis aserraderos ubicados dentro de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca no se pudo comprobar la legalidad de la madera almacenada.
En total, se aseguraron más de 600 m³ de madera y se detectó un importante flujo de cargamentos ilegales en tránsito. En Sinaloa, se decomisaron más de 840 m³ de madera, mientras que en Veracruz se aseguraron más de 400 m³ en un solo aserradero.
En otros estados, como Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sonora y Guerrero, también se documentaron actividades ilegales, incluyendo el traslado de madera sin documentación en vehículos tipo torton, lo que llevó a su aseguramiento y remisión al Ministerio Público.
Coordinación interinstitucional y vigilancia permanente
Según Mariana Boy Tamborrell, titular de la Profepa, estos operativos son parte de una estrategia nacional para poner fin a la impunidad en la explotación forestal ilegal.
“Proteger los bosques es una tarea prioritaria para el sector ambiental. Queremos dejar claro que se acabó la impunidad para quienes destruyen nuestros bosques”, declaró.
Además, enfatizó que las inspecciones continuarán en todo el país como parte de una política de vigilancia permanente y en coordinación con los tres niveles de gobierno, con el objetivo de preservar los ecosistemas, garantizar un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y proteger a las comunidades que dependen de ellos.
Los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Guanajuato, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas fueron los únicos en los que no se detectaron irregularidades durante el operativo.
