La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, confirmó que los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Juan Luis Herrera, identificado artísticamente como Regio Clown, fueron asesinados en el Estado de México, donde también se localizaron sus cuerpos. Alcalde precisó que la investigación principal corresponde a la Fiscalía del Estado de México, ya que los hechos ocurrieron en esa entidad, aunque existe colaboración con autoridades capitalinas y federales. Esta declaración aclaró la jurisdicción del caso, después de que los artistas desaparecieron tras ser vistos por última vez en la zona de Polanco, en la capital mexicana.
En conferencia de prensa, la fiscal detalló que los últimos registros en video muestran a B-King y Regio Clown saliendo de la Ciudad de México en un vehículo que posteriormente fue ubicado en el Estado de México. La información recabada hasta el momento indica que el crimen se cometió en territorio mexiquense, lo que justifica que la investigación principal recaiga en esa entidad. Además, Alcalde informó que existe coordinación con autoridades federales y que se mantiene comunicación con instancias colombianas, tras una reunión reciente con representantes de ese país. Subrayó la importancia de esclarecer los hechos previos al homicidio y aseguró que la Fiscalía capitalina colabora plenamente en la investigación.
La situación de seis personas detenidas ha generado inquietud y reclamos por parte de sus familias. Cuatro de los arrestados son ciudadanos colombianos: Yuli Catherine Felicidad Zapata, Yonier Alexander Mantilla Gómez, Samuel Leandro Quintero Ruiz y Juan Fernando Córdoba Rendón, todos originarios del Valle del Cauca. Junto a ellos, las autoridades detuvieron a los mexicanos Luis Alberto Rojas Venado y Jorge de la Cruz en el municipio de Tepetlaoxtoc. Desde el 24 de septiembre, los detenidos permanecen incomunicados, según relataron sus familiares, quienes no han logrado establecer contacto desde la última llamada registrada el 23 de septiembre.
La detención de los colombianos se produjo días después del hallazgo de los cuerpos de los artistas en Cocotitlán, el 17 de septiembre, tras su desaparición el día anterior. Aunque la Fiscalía mexicana informó sobre el hallazgo el 22 de septiembre, hasta ahora no ha emitido declaraciones públicas que vinculen oficialmente a los detenidos con el doble homicidio. Las familias han manifestado su preocupación por la falta de información y la ausencia de comunicación directa con sus allegados, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre su situación legal.
La única información oficial que han recibido los familiares proviene de la Cancillería colombiana, que confirmó la reclusión de los detenidos en el penal de El Cerezo, en Texcoco. Sin embargo, persisten las dudas sobre los motivos de la detención y la posible relación con el caso de los artistas asesinados. Katterine Correa Rendón, hermana de uno de los detenidos, señaló que las autoridades solo les informaron que la camioneta y una motocicleta utilizadas por los colombianos fueron encontradas en el lugar donde aparecieron los cuerpos, pero consideró que esto no constituye una prueba de vinculación. Por su parte, Stefany Zapata, hermana de Yuli Catherine Felicidad Zapata, relató que su familiar fue arrestada cuando regresaba a casa tras realizar un trámite migratorio en la Ciudad de México, y afirmó que “el único crimen que cometió fue dirigirse a su casa, después de hacer una diligencia en migración”.
Las circunstancias de la detención han sido descritas como confusas por los familiares, quienes denunciaron que la camioneta en la que viajaba Yuli Catherine Felicidad Zapata fue interceptada e incautada bajo el argumento de que era robada. Además, reportaron inconsistencias en el proceso judicial, como la emisión y revocación de órdenes de captura en varias ocasiones y la falta de registro oficial de la detención en algunos momentos, tanto por parte de la Fiscalía mexicana como del consulado colombiano. Los familiares de Juan Fernando Córdoba Rendón, tras reportarlo como desaparecido, recibieron la confirmación de su reclusión en Texcoco, pero desconocen los cargos que se le imputan y cuestionan la supuesta relación con el homicidio de los músicos.
Las familias han solicitado a las autoridades de ambos países que investiguen a fondo el caso y esclarezcan los motivos de la captura. Además, han denunciado, con base en información transmitida por allegados en México, que durante los operativos de detención se habría producido un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades mexicanas.
En cuanto al contexto personal de los detenidos, destaca el caso de Yuli Catherine Felicidad Zapata, de 42 años, quien trabajó durante 16 años como auxiliar de enfermería en un hospital de Cartago, Colombia, y que, debido a problemas de salud, había dejado de ejercer para dedicarse a labores domésticas en México. Hasta el momento, la Fiscalía mexicana no ha proporcionado información oficial sobre los delitos que se imputan a los cuatro colombianos y los dos mexicanos detenidos, ni ha entregado a los abogados la carpeta de investigación correspondiente. La colaboración con autoridades colombianas continúa, mientras las familias insisten en la inocencia de sus allegados y exigen transparencia en el proceso.
En medio de la incertidumbre, los familiares de los detenidos mantienen su exigencia de que las autoridades realicen una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y determinar la situación legal de sus allegados, convencidos de que no cometieron delito alguno al momento de su detención.
