Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que presuntamente realizó disparos frente a la estación Centro Médico del Sistema de Transporte Colectivo (STC Metro), en la alcaldía Cuauhtémoc.
Operadores del Centro de Comando y Control (C2) recibieron reportes sobre detonaciones en la avenida Cuauhtémoc y el Eje 3, en la colonia Roma Sur, por lo que policías capitalinos se desplazaron al lugar para atender la emergencia.
En el sitio, una persona declaró que momentos antes había tenido una discusión con un hombre en las escaleras de la estación, quien sacó un arma de fuego y realizó disparos al suelo.
Tras implementar un operativo de búsqueda, los oficiales localizaron al presunto responsable y, durante la revisión de seguridad realizada conforme a los protocolos, le aseguraron un arma de fuego con 28 cartuchos útiles distribuidos en tres cargadores, así como una identificación vigente de una dependencia federal militar.
Luego de ser notificado sobre sus derechos constitucionales, el detenido, de 54 años, fue trasladado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para continuar con las investigaciones y determinar su situación legal.
Penas por realizar disparos en la CDMX
Realizar disparos de arma de fuego en espacios públicos, sin una razón justificada, puede acarrear penas que van de dos a cinco años de prisión en la Ciudad de México. La ley considera “justificada” cualquier acción que busque proteger la vida, la integridad física o el patrimonio propio o de otras personas, pero fuera de estos casos, los responsables enfrentan sanciones legales.
Las consecuencias se agravan si los disparos provocan lesiones o la muerte de otra persona. Quien cause la muerte de alguien a través de un arma de fuego puede recibir entre ocho y veinte años de prisión, mientras que las lesiones tienen castigos escalonados según su gravedad.
Cuando las heridas tardan entre quince y sesenta días en sanar, la pena puede ir de seis meses a dos años. Si la recuperación supera los 60 días, se establecen de dos a tres años y medio de prisión. Las lesiones que dejen cicatrices permanentes y visibles en el rostro se sancionan con entre dos y cinco años de cárcel.
Las consecuencias legales son aún más severas cuando los disparos afectan la funcionalidad de órganos o miembros. La ley contempla penas de tres a cinco años si se reduce alguna facultad, y de seis a ocho años si se pierde alguna función vital, se produce deformidad o la vida de la víctima queda en peligro.
En suma, la legislación capitalina busca restringir los disparos al aire libre y proteger tanto la integridad física como la seguridad de la población, estableciendo un marco claro de responsabilidades y sanciones para quienes actúen fuera de los límites permitidos.
