El proceso judicial abierto tras el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez en marzo de 2023, que dejó 40 migrantes fallecidos y 27 heridos con secuelas permanentes, ha sumado un nuevo capítulo con la decisión del ex comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, de ofrecer una disculpa pública a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas.
Esta acción, programada para el viernes 26 de septiembre de 2025, responde a una exigencia judicial y no implica el cierre del caso ni la asunción de responsabilidad por parte del Estado mexicano, señaló la Fundación para la Justicia.
El incendio, ocurrido el 27 de marzo de 2023, también dejó a 15 mujeres sobrevivientes. La disculpa pública de Garduño se enmarca en las condiciones impuestas por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón para concederle la suspensión condicional del proceso penal que enfrenta por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. Desde el inicio, el ex comisionado ha enfrentado este proceso en libertad.
Asimismo, la fundación señaló la importancia de que la sociedad civil sea incluida en las mesas de trabajo que revisarán y propondrán cambios a las leyes de seguridad e inteligencia.
La organización señala que “la disculpa pública no debe interpretarse como una exoneración de responsabilidades ni como un acto de arrepentimiento de Francisco G. Y., debe verse como un primer paso simbólico en el proceso de reparación integral del daño a las víctimas y sus familias. No resuelve las demandas de justicia ni garantiza que hechos similares no se repitan”
Además enfatizó que es primordial que las 82 víctimas (40 migrantes fallecidos, 27 hombres y 15 mujeres sobrevivientes) reciban una compensación económica, ya que señalan que, a pesar de que la mayoría de las víctimas masculinas sobrevivientes o familiares de los fallecidos la han recibido, las mujeres no han sido reconocidas como víctimas, situación que impide que ellas accedan a dicha compensación.
Aunado a la ayuda que por Razones Humanitarias a la que deberían acceder en materia de documentación adecuada para acreditar su estancia.
Asimismo es necesario que todos los implicados, sin importar el cargo que tuvieran al momento de los hechos, también sean juzgados hasta llegar a sus últimas consecuencias, sin beneficios procesales, además de fincar responsabilidades al gobierno de Ciudad Juárez y al Estado mexicano en caso de resultar involucrados.
La fundación pide “garantizar la no repetición de hechos como este, mediante cambios estructurales en la política migratoria y en el trato hacia las personas en contextos de movilidad, especialmente en situaciones de vulnerabilidad”.
Mediante un comunicado, critican también que dicho acto simbólico “fue coordinado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pese a no ser su responsabilidad. Las compensaciones económicas entregadas hasta la fecha han sido erogadas por el INM, es decir, con dinero público”.
Finalmente, la fundación en conjunto con otros representantes legales de algunos sobrevivientes y familiares de migrantes fallecidos, tales como Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), reiteraron que no debe considerarse como el fin del caso.
