La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) otorgó un contrato por un monto de hasta 551 millones de pesos a la empresa Umami Ingeniería Especializada, S.A. de C.V., vinculada a exfuncionarios del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, que trabajaron bajo la coordinación de José Peña Merino, actual titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), por lo cual habría un posible conflicto de interés.
Lo anterior, de acuerdo con una investigación especial del medio El CEO, el contrato, formalizado el 31 de julio, tiene como propósito dar mantenimiento a los equipos de rayos X no invasivos en las aduanas del país.
Los recursos provienen del Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), fondo estratégico que concentra ingresos derivados del comercio exterior para destinarlos a proyectos de seguridad e infraestructura.
El propietario de Umami Ingeniería, Jesús Daniel Pérez González, fue director de Tecnología del C5 capitalino durante la administración de Claudia Sheinbaum y trabajó de forma directa con Merino, menciona el medio.
Otros funcionarios clave
EL CEO destaca que una fuente anónima señaló que Peña Merino solicitó a la ANAM contratar a Carlos Melendez Sagahón, director General de Tecnologías de la Información; también a Arturo Jeshván Alcántara Villanueva, titular de la Dirección General de Procesamiento Electrónico de Datos Aduaneros y firmó la contratación señalada.
Estos funcionarios previamente coincidieron con Pérez González en el organismo de seguridad capitalino. Estos antecedentes han generado cuestionamientos por un posible conflicto de interés, ya que varios de los involucrados formaron parte del equipo que, en su momento, trabajó bajo la coordinación de Pepe Merino.
Merino hoy tiene atribuciones legales para validar nombramientos en áreas tecnológicas dentro de dependencias federales como paso con los mencionados, así como en compras públicas.
“Compras públicas de tecnología: ninguna autoridad puede adquirir tecnología sin que la agencia lo autorice y esto garantiza interoperabilidad, escalabilidad, poder donar código y por supuesto, austeridad o no derogar recursos de manera innecesaria en soluciones tecnológicas”, señaló Peña Merino.
Empresa no cumplía con tiempo de experiencia de ni capital
Los documentos revisados señalan que, al momento de la firma del contrato, Umami Ingeniería no cumplía con el requisito de contar con al menos dos años de experiencia en el servicio contratado.
Asimismo, su capital social resultaba limitado frente al volumen financiero de la operación, ya que Umami Ingeniería Especializada, fue fundada el 16 de mayo de 2024 en la CDMX con un capital social inicial de 50 mil pesos y en el contrato se requería un capital social pagado de, al menos, 2.5 millones de pesos.
También se detectaron inconsistencias en la documentación presentada, entre ellas fechas discordantes en cotizaciones y cartas de exclusividad, menciona la investigación.
El contrato se enmarca en la estrategia del gobierno federal para reforzar la seguridad fronteriza y aumentar la recaudación aduanera, lo que ha hecho del fideicomiso FACLA un mecanismo clave para financiar sistemas de inspección y control en las aduanas.
No obstante, la falta de claridad sobre la capacidad técnica de la empresa y los vínculos de los funcionarios involucrados han colocado bajo escrutinio la transparencia del proceso de adjudicación.
